Las metanarrativas son un método basado en la idea de que las palabras no se refieren a la realidad, sino a otras palabras

El principio político posmoderno afirma que la sociedad esta formada por sistemas de poder y jerarquías cuyo más importante atributo es la capacidad de decidir que se puede saber y cómo. El verdadero poder no está en los parlamentos, ni siquiera en los cuarteles, sino en los despachos en donde se elaboran las metanarrativas.

Las metanarrativas no son otra cosa que discursos muy elaborados, y es posible someterlos a deconstrucción, un método basado en la idea de que las palabras no se refieren directamente a la realidad, sino a otras palabras, en un juego lingüístico en el que los significantes solo alcanzan su significado dentro del propio texto. El propósito del lenguaje no es más que jerarquizar conceptos de manera que unos elementos queden simbólicamente por encima de otros, lo cual luego se traslada a la vida de la gente, que queda atrapada en jaulas simbólicas que no solo no sabe reconocer, sino que refuerza con sus propios actos y palabras.
Dado que todas las culturas son metanarrativas basadas en juego de lenguajes, no es posible demostrar que el liberalismo científico occidental es superior al tribalismo animista de una etnia amazónica que vive en la edad de hierro.
La forma de entender la realidad social para esta gente implica que las personas no son más que recipientes para metanarrativas, sujetos construidos con lenguaje a partir de discursos dominantes. O sea, nada. Al mismo tiempo, cualquier ambición universal no es más que una ilusión, el ensayo fraudulento de unas “verdades objetivas” que no pueden ser tildadas más que de fascistas.

La democracia española está teledirigida por instituciones que han sustraído la soberanía nacional a los Estados

Cristina Martín Jiménez, escritora y periodista, experta en el Club Bilderberg, cuenta en su libro Los planes del club Bilderberg para España que “la democracia española está teledirigida por instituciones que han sustraído la soberanía nacional a los Estados. La Unión Europea es una maraña de pactos, tratados y Constituciones sobre la que no se informa ni explica a los ciudadanos, y que hace imposible la existencia de soberanías. Ya no hay países soberanos y muchos no se han percatado aún de la trampa en la que hemos caído, como lo hizo saber el sucesor de Trichet, Mario Draghi, a finales de octubre de 2012, cuando expresó que “muchos Gobiernos deben darse cuenta de que perdieron su soberanía nacional hace tiempo”, de manera que el parlamento español puede decir misa, pero quien reparte las hostias es otro. ¿Y quién reparte las hostias en esta misa de difuntos? Una entelequia llamada Bruselas. “La eurozona tiene que mejorar la gobernanza fiscal y económica y acordar la unión bancaria”, aseguraba Trichet en la entrevista.”

“Europa se convierte en un bloque dirigido por unas personas estratégicamente colocadas en las cimas de unas instituciones controladas por sociedades llamadas Bilderberg, Comisión Trilateral y Council on Foreign Relations. El resultado de la estrategia se ha repetido varias veces a lo largo de la historia de la humanidad. Si controlas a las personas que mandan en esas instituciones, controlas el bloque entero, es decir, un territorio formado por quinientos millones de personas que desconocen quién toma las decisiones, quién gestiona su dinero, sus impuestos, las leyes laborales que condicionan su trabajo, así como sus pequeñas y medianas empresas. Quinientos millones de personas a las que se les pretende hacer creer que los representantes políticos que han votado en las urnas de la democracia son quienes toman las decisiones. Millones de personas con nombres, apellidos, familias y una vida por desarrollar que desconocen que hay otros pactos, otras decisiones, que se consensúan en reuniones secretas de las que no son informados, y que presionarán a los Gobiernos elegidos en las urnas.”

Una de las funciones esenciales de la democracia, evitar que los adversarios se conviertan en enemigos

Hoy en día, el partidismo ha pasado de los combates ásperos de los antiguos días al asesinato venenoso del carácter. Desde el punto de vista de un político, el partidismo no es un exceso ni un trastorno de la política. La diferenciación es la naturaleza del negocio. Las personas se merecen una opción, y es responsabilidad de un político presentar esa opción en términos claros y necesariamente austeros. La dramatización de la elección, presentándola en tonos de blanco y negro, es esencial si confiamos en despertar a los votantes de su estado de letargo. Si un político no es partidista, no da la cara por las ideas de su equipo y comienza su propia línea de discurso, no es un político sino un necio. Visto desde fuera, sin embargo, el partidismo es lo que envenena la política de cara al público. Los intercambios amargos parecen no tener nada que ver con los individuos o sus intereses. Para muchos votantes, la política partidista es un espectáculo hipócrita realizado en beneficio exclusivo de la clase política. El partidismo premia la lealtad sobre la honestidad, la repetición de los mantras del partido a expensas de la defensa de lo que uno cree. Todo político ha tenido que vender humo en un momento dado, escribe Michael Grant Ignatieff, escritor, académico y expolítico canadiense.

Para Ignatieff, el partidismo divide a una sociedad ya dividida y convierte a los adversarios en enemigos. Un adversario tiene que ser derrotado, mientras que un enemigo debe ser destruido. No puedes llegar a compromisos con los enemigos. Con los adversarios, el compromiso sí es posible. El adversario de hoy puede convertirse en un aliado mañana.Cuando la persuasión no cabe en el debate democrático, los intercambios se vuelven inútiles representaciones de acritud. Nada reduce más la estima de un ciudadano por la democracia que ver a dos políticos injuriándose mutuamente en una Cámara por lo demás vacía, y esto es ahora algo común en los parlamentos de todo el mundo. A medida que el poder abandona los Parlamentos y recae cada vez más en el Ejecutivo y la Administración, el debate dentro de las Cámaras democráticas se convierte en algo tan desagradable como carente de sentido. Los pueblos democráticos tienen razones para temer este doble fenómeno (una menguante democracia legislativa y un mayor partidismo), porque juntos debilitan una de las funciones esenciales de la democracia, evitar que los adversarios se conviertan en enemigos. El remedio se encuentra en la civilidad, pero la civilidad es más que mera cortesía. Es el reconocimiento de que la lealtad de tu oponente es igual a la tuya, de igual modo que su buena fe es igual a la tuya. Este reconocimiento no impide la competencia entre adversarios, o incluso unos cuantos golpes duros, sino que surge de un entendimiento compartido de que la democracia, hablando con propiedad, es la política de los adversarios, manifiesta el político canadiense.

Siendo misión principal del Parlamento proveer a la libertad del pueblo contra la arbitrariedad del gobierno

La larga y a menudo fructífera tradición inglesa de hacer valer la fuerza de la ley y la costumbre frente a la arbitrariedad real, visible al menos desde los tiempos de Juan sin Tierra y la Carta Magna, se hizo muy evidente a la muerte de la reina virgen Isabel I, cuando el Parlamento decidió enardecer sus reivindicaciones en defensa de la libertad del individuo. Muy a menudo, las disputas principales surgían por asuntos económicos relacionados con los intentos de la monarquía por hacerse con el monopolio de ciertas producciones. De hecho, recién estrenado en 1603 el reinado del sucesor de Isabel, Jacobo I, este se vio obligado a contemplar atónito como un simple tribunal de justicia fallaba que la concesión del privilegio exclusivo para la producción de un artículo iba “contra el derecho común y la libertad del ciudadano”. Lo mismo le ocurrió al desdichado Carlos I, que perdería su cabeza en el transcurso de la revolución de 1648, cuando pretendió nacionalizar la industria inglesa del carbón. Aquellos pleitos de los monopolios habían dejado bien claro que “tal clase de prescripción, que conduce a la exclusiva del comercio o tráfico en beneficio de una persona o una compañía y excluye a las restantes, es contraria a la ley”. 

La solemne declaración del Parlamento reunido en Westminster en 1660, muy poco antes de la restauración de la monarquía que elevó al poder a Carlos II, que, entre otros asuntos de fundamento, dejó escritos pasajes realmente formidables, ya en el camino hacia la verdadera separación de poderes. “Formalmente se declara que de ahora en adelante todas las actuaciones referentes a la vida, libertades y bienes de todos cuantos integran el pueblo libre de esta comunidad deben ser acordes con las leyes de la nación, y que el Parlamento no se entrometerá en la administración ordinaria o parte ejecutiva de la ley, siendo misión principal del actual Parlamento, como lo ha sido en todos los anteriores, proveer a la libertad del pueblo contra la arbitrariedad del gobierno”. Este corpus ideológico influyó decisivamente en todo lo que ocurriría en la siguiente centuria en Europa y en Norteamérica y en esa labor de transmisión no fue ajena la tarea de racionalización de los conceptos llevada a cabo por un pensador realmente significativo a estos fines, John Locke (1632-1704).

Referencia:Breve historia del liberalismo (Juan Granados)

Bruselas, regulador de todo y responsable ante nadie

Ignacio Foncillas escribe en el periódico digital El Debate que “el primer paso para evitar la decadencia irreversible es acabar con el monstruo burocrático en el que se ha convertido la UE. Bruselas se ha convertido en un monstruo autónomo, regulador de todo y responsable ante nadie. Las leyes que rigen Europa son decididas por tecnócratas que nadie eligió, rodeados de jueces nombrados por presiones políticas y con salarios millonarios cuyo único incentivo es mantenerse en el poder. Controlan todo hasta el punto que, cuando un gobierno nacional quiere pasar una regulación o ley impopular, siempre apela a Europa, Bruselas, o, el más ofensivo, los países de nuestro entorno. Si este sistema no se reforma, el rechazo a las instituciones europeas solo seguirá creciendo. Al final, Bruselas logrará lo impensable, que los europeos prefieran largarse de la fiesta.”

“Quizás deshacer el entramado corrupto que lleva construyéndose más de dos décadas no sea fácil. Pero hay algunos pasos que, sin duda, pueden ayudar a reconectar a Europa con sus votantes. Para empezar, asegurar que la elección de los consejeros del gobierno europeo sea individualmente votada por el parlamento, así asegurando que la elección de inútiles tan frecuentes en el gobierno europeo, no se acabe, pero por lo menos que sea sometida al escrutinio de los representantes del pueblo, y así reducir, sino eliminar, el número de inútiles que acaban en el cementerio de elefantes en el que se ha convertido la comisión. Segundo, que las regulaciones de Bruselas sean sometidas a la aprobación del mismo parlamento, o que, por lo menos, el parlamento pueda derogar, por mayoría simple, aquellas regulaciones o directrices que no considere adecuadas, necesitándose un voto de ¾ del consejo para superar el veto del parlamento. Por último, que toda regulación o directriz que conlleve un gasto adicional requiera una fuente de ingresos que asegure que la implementación de dicha regulación no conlleve una carga adicional a las empresas europeas.”
“Ucrania. Estados Unidos exigirá que Europa ponga tanto el dinero como los muertos. Estados Unidos no va a ser un seguro, sino un reaseguro. Pero Europa tiene que asumir el precio de la prima. Mas allá de Ucrania, Vance ha puesto a Europa ante un cruce de caminos. Puede seguir eligiendo la comodidad de la complacencia, la decadencia y la obsolescencia, o tomar las riendas de su destino. La decisión está en sus manos. Pero el tiempo para decidir se agota.”

Un hecho histórico, una de las mayores aportaciones peninsulares a la innovación política

Alfonso VIII de Castilla

A finales del siglo XII se produjo un hecho histórico, una de las mayores aportaciones peninsulares a la innovación política, a las formas de gobierno, al origen del poder y, en suma, a las futuras democracias, la constitución de las primeras Cortes, que serían el germen de los parlamentos modernos en toda Europa. El honor se lo disputan dos lugares muy diferentes, uno de Castilla, la villa de San Esteban de Gormaz, hoy en la provincia de Soria, y otro de León, la propia ciudad de León. En mayo de 1187, el rey castellano Alfonso VIII convocó a una reunión en San Esteban de Gormaz no sólo a su curia, sino también a representantes de cincuenta ciudades y villas de Castilla, según algunos historiadores para que debatieran y aprobaran su propuesta de casar a su primogénita, Berenguela, con el duque alemán Conrado, hijo del emperador Federico I Barbarroja. Era la primera vez que a un alto órgano de gobierno del incipiente Estado asistían como representantes miembros del pueblo llano. 

Un año después, en 1188, el rey leonés Alfonso IX celebra en el claustro de la basílica de San Isidoro de León una curia regia extraordinaria e invita a ella a representes de las ciudades. Al parecer lo hizo por motivos económicos, porque necesitaba el pago de impuestos por parte de los burgueses de las ciudades a la hacienda real, pero lo cierto es que a partir de entonces se va a llamar Cortes.

Libertad para la Historia

Muchos historiadores prestigiosos han entendido que la mentira histórica debe combatirse con pruebas y refutaciones, no con prohibiciones legales. Claude Liauzu, por ejemplo, declaró: “Es peligroso limitar la libertad de investigación; es preferible enfrentarse a los negacionistas mediante el combate de las ideas”. Jean-Pierre Azema dijo en una entrevista: “No pretendemos que la historia pertenezca sólo a los historiadores. Pero menos aún pertenece a los parlamentarios. En un régimen democrático no existe una verdad histórica intangible”...El manifiesto “Libertad para la Historia”, firmado en diciembre de 2005 por diecinueve historiadores, entre ellos Jean-Pierre Azéma, Elisabeth Badinter, Alain Decaux, Jacques Julliard, Pierre Nora y Pierre Vidal-Naquet.“La historia no es una religión. El historiador no acepta ningún dogma, no respeta ninguna prohibición, no conoce tabús. La historia no es esclava de la actualidad. El historiador no aplica al pasado esquemas ideológicos contemporáneos ni introduce en los hechos de otro tiempo la sensibilidad de hoy. En un Estado libre, no corresponde ni al Parlamento ni a la autoridad judicial la definición de la verdad histórica.”

Cuando políticos y legisladores se arrogan la función de historiadores, lo hacen desde la perspectiva de los intereses políticos actuales, aplicando el principio orwelliano de “quien controla el pasado, controla el presente”, y no desde la búsqueda de la objetividad, escribe el profesor Francisco José Contreras, de la Universidad de Sevilla. Frente al cinismo de los políticos en su manipulación retrospectiva de los hechos, aquellos a quienes importa la verdad debemos resistir a toda fijación oficial de la Historia y, sobre todo, a la supresión de la libertad de investigación y debate, añade Contreras.

El parlamentarismo inglés

El parlamentarismo inglés se cuenta entre los más antiguos. En gran medida, esto se debe a que el absolutismo en las islas británicas no tuvo el éxito que tuvo otros reinos, con la Francia borbónica como uno de los casos más paradigmáticos. Y fue así, sobre todo, por tres motivos. En primer lugar, por la antigüedad del parlamento inglés, que se remonta a tiempos medievales, y que muy tempranamente se había establecido como una forma de control sobre la figura del monarca; en segundo lugar, por la sensibilidad de los representantes de la emergente burguesía inglesa al abuso de poder de los soberanos, que los llevó no solo a oponerse a las medidas más arbitrarias de estos, sino que desde muy pronto organizaron contrapesos para limitar cualquier poder incontrolado; y, en tercer lugar, por la insularidad británica, que implicaba una necesidad menor de tropas de infantería para defenderse, por lo que no fue posible que los reyes ingleses fundaran sus regímenes absolutistas sobre un ejército fuerte.

Enrique VIII entendió que convirtiendose al protestantismo podía quedarse con los bienes de la Iglesia

Enrique VIII y Catalina de Aragón

Cuando estalla la Reforma protestante en 1521, Enrique VIII empieza por condenarla. Pero unos años más tarde entiende todo el potencial de la Reforma. En ese momento, no tiene dinero y, si desea negociar un aumento de impuestos con el Parlamento, tendrá que transigir proyectos de ley que socavarán su autoridad. Sin embargo, si se convierte en protestante, se podrán embargar todos los bienes del clero, que representan una fortuna considerable. Por lo tanto, en 1527, Enrique VIII pide que se anule su matrimonio, consumado, con la princesa española Catalina de Aragón (1485-1536), a lo que el papa se niega. Enrique VIII usa este pretexto para proclamarse jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra en 1534, es decir, un año después de haber contraído matrimonio con su amante Ana Bolena (1507-1536), y se adueña de las riquezas eclesiásticas.

Una cosa es libertad y otra impunidad

Hoy en día la palabra libertad se ha rebajado tanto que se la han quedado a precio de saldo los  líderes políticos. La peor parte del envilecimiento ha consistido en privar a la libertad de la responsabilidad.

Junqueras y Puigdemont 

Y hablando de libertad, escribe Beatriz Becerra que los secesionista ansían tanto la libertad que olvidan la de los demás. Su derecho a decidir es en realidad su derecho a que no decidamos todos. Cuando piden libertad para los políticos presos es obvio que donde dicen libertad deberían decir impunidad. Lo más paradójico es que las primeras medidas que prometen los nacionalistas son golpes contra la libertad. Quieren recuperar las fronteras nacionales, limitando así la libertad de movimiento que trajo consigo la construcción europea. Quien no recuerda como Puigdemont y Junqueras, con la colaboración necesaria de otros, anularon la libertad y los derechos de los diputados de la oposición en el parlamento autonómico para poder aprobar sus leyes golpistas.

En marzo de 1829 el Parlamento inglés aprobó la Roman Catholic Relief Act

Contestando a un contertulio, tengo que reconocer que hasta 1829 los católicos ingleses no tenían derechos electorales. En marzo de 1829 el Parlamento inglés aprobó la Roman Catholic Relief Act, por la que se concedía a los católicos sus derechos electorales activos y pasivos, y la posibilidad de ser admitidos en los puestos estatales, aunque seguían prohibidas la erección de conventos y la presencia de religiosos en el reino. No cabe duda de que supuso un claro triunfo del catolicismo, oprimido y marginado durante siglos en este país. Una de las causas que hicieron variar el rumbo a los gobernantes ingleses fue el cambio que el pueblo inglés había experimentado con relación al papado, al que ya no consideraba como una manifestación diabólica, sino como una institución que les había apoyado en su enfrentamiento con Napoleón.

Una parte de los españoles no puede decidir por todos.

La Constitución española en su artículo 1 dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, y en el artículo 2 declara: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Es decir, al día de hoy no es posible la secesión y la soberanía de España reside en todo el pueblo español, y por lo tanto  una parte de los españoles no pueden decidir por el todo. Por otra parte, la nación española es indivisible, por lo que la secesión no es legal. Por lo tanto habría que cambiar la Constitución. 

Se puede modificar la Constitución, e incluso incluye los cauces necesarios para poder hacerlo. Los artículos 87.2 y 166 establecen que si la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución la iniciativa de reforma constitucional, formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla. Es decir, que el propio parlamento catalán podría solicitar esa reforma. El artículo 168 de la Constitución exige que el cambio constitucional sea aprobado por una mayoría de dos tercios de ambas cámaras, una disolución inmediata de las Cortes, elecciones generales, ratificación por la nuevas Cámaras de la reforma aprobada por las anteriores (también con mayorías de dos tercios), y un referéndum nacional para su ratificación.

Por otro lado, si Cataluña tiene el derecho de secesión en base a un supuesto derecho a decidir, no puede negar ese mismo derecho a una de sus partes. En el referéndum que se planteó en Canadá para la secesión de Quebec, una de las cuestiones que se acordaron era que si era necesario se redefinirían las fronteras. Concretamente, se estableció que “si una parte de la población del territorio en cuestión solicitara claramente seguir formando parte del Estado, deberá contemplarse la divisibilidad de dicho territorio con el mismo espíritu de apertura que llevó a aceptar la divisibilidad del territorio canadiense”.

Apelar a la emotividad de las masas conduce a la dictadura.

Muchos ingleses esgrimen la teoría de que el parlamento es una asamblea legislativa a la cual corresponde todo el poder del país, y de la cual el primer ministro solo es un servidor, y por ende sus discursos ante la misma vienen a ser una rendición de cuentas. Apelar a la emotividad de las masas, en vez de a la reflexión de la Cámara de los Comunes, conduciría inexorablemente a la dictadura.

El Gobierno de Pedro Sánchez tira de decreto ley para gobernar..

Pedro Sanchez 

Los periódicos españoles escriben que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tirado de decreto ley para gobernar. Gobernar a través de decretos ley es cómodo para los gobiernos, pero costoso para la sociedad, advierten los expertos en derecho. Una ley discutida en el Parlamento es una ley que ha pasado el escrutinio de la sociedad. Un real decreto-ley levanta suspicacias instintivas, tanto por las formas como por la ausencia de debate constructivo, que genera en la opinión pública la sensación de que los gobiernos adoptan una posición errática agravada por una peligrosa deriva autoritaria.

John Locke

Según el filosofo ingles John Locke, “quien tiene el poder legislativo o supremo de cualquier comunidad, está obligado a gobernar por leyes permanentes establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no por decretos extemporáneos”. Esto es todo lo contrario a lo que dice y hace Pedro Sanchez, el cual quiere actuar primero y legalizar después en su pretensión de poder absoluto bajo la mascarada democrática.

La tentación de sacrificar las libertades no ha muerto con Hitler.

Hitler recibió el dinero de los banqueros y de los industriales; muchos jefes del ejército vieron en él al único hombre capaz de devolver su grandeza a Alemania, pero millones de hombres han confiado en el Führer porque ya no creían en las elecciones, los partidos, el parlamento. La fuerza de atracción de los partidos que se presentan como totalitarios, se afirma o amenaza afirmarse cada vez que una coyuntura grave deja aparecer una desproporción entre la capacidad de los regímenes representativos y las necesidades de gobierno de las sociedades industriales de masas. La tentación de sacrificar las libertades políticas a la energía en la acción no ha muerto con Hitler ni con Mussolini.

Refugiados cubanos

Por la violencia de los procedimientos y el poder desmesurado de la policía, el régimen hitleriano ¿no se parece más al bolchevique, que a los ensueños de los contrarrevolucionarios? ¿No se reúnen derecha e izquierda, o seudoderecha fascista y seudoizquierda comunista, en el totalitarismo? ¿No recuerda a la Venezuela de Nicolas Maduro? ¿Hablamos de Cuba o de Corea del Norte?

La democracia como un sistema universalmente válido es una de las grandes contribuciones del siglo XX.

El reconocimiento de la democracia como un sistema universalmente válido, que cuenta cada vez con una mayor aceptación en su carácter de valor universal, ha implicado una revolución en el mundo de las ideas y es una de las grandes contribuciones del siglo XX.

Los derechos políticos y civiles ofrecen a las personas la oportunidad de prestar atención a las necesidades generales y demandar una acción política adecuada. La respuesta de un gobierno al sufrimiento de su gente depende en buena medida de la presión que se ejerce sobre él. El ejercicio de los derechos políticos (como el voto, la crítica y la protesta, entre otros) puede establecer una diferencia real e influir profundamente en la actuación del gobierno en cuestión.

Amartya Sen 

El filósofo y economista indio Amartya Sen cuenta que en la terrible historia de las hambrunas sufridas en el mundo, ninguna de ellas ha acontecido en un país independiente y democrático que disfrute de una relativa libertad de prensa.Las recientes hambrunas en Etiopía, Somalia o cualquier otro régimen dictatorial; la hambruna en la Unión Soviética durante la década de los treinta; la hambruna en China de 1958-1961 con el fracaso del “Gran Salto Adelante”; o aún antes, las hambrunas en Irlanda o la India bajo el dominio extranjero. Aunque China tuvo en varios aspectos un mejor desempeño económico en comparación con la India, padeció (al contrario que la India) una hambruna que de hecho resultó ser la mayor en la historia de la humanidad, cerca de 30 millones de personas murieron entre 1958-1961, y pese a esto, las erróneas políticas gubernamentales se mantuvieron sin corregir durante tres años. Las políticas aplicadas entonces no tuvieron crítica alguna debido a la falta de partidos políticos de oposición en el Parlamento, la nula libertad de prensa y la inexistencia de opciones políticas en las elecciones. 

Grabado víctimas de la hambruna.

Por otro lado, los países democráticos más pobres han conseguido lidiar con terribles inundaciones, sequías u otros desastres naturales (como India en 1973 o Zimbawe y Botswana en la primera mitad de los ochenta), consiguiendo alimentar a su población sin llegar a experimentar periodos de hambruna. Las hambrunas son fácilmente evitables si se hace un esfuerzo serio al respecto, y un gobierno democrático con elecciones regulares y sometido a crítica por parte de los partidos políticos de oposición, así como por los medios de comunicación, no puede por menos que ayudar a tal esfuerzo, termina Amartya Sen.

Los políticos españoles se dedican a promulgar demasiadas leyes, pero dan pocos ejemplos.

Con lo que se está publicando en los medios de comunicación podemos acreditar que los políticos españoles, tanto en el parlamento nacional como en los autonómicos, se dedican a promulgar demasiadas leyes, pero dan pocos ejemplos.

Los 17 parlamentos autonómicos cuestan al año 328 millones de euros

Julián Marías

 Julián Marías escribió que en España no se dice lo que pasa, sino que pasa lo que se dice. Y luego, en el colmo ya del pesimismo, añadía: “No hay que hacer caso de lo que se dice ni casi de lo que pasa, porque tampoco es verdad”.

Fernando Sánchez Dragó diría que cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo instante, el instante en que un hombre sabe para siempre quién es.

en España no se dice lo que pasa, sino que pasa lo que se dice