Muchos historiadores prestigiosos han entendido que la mentira histórica debe combatirse con pruebas y refutaciones, no con prohibiciones legales. Claude Liauzu, por ejemplo, declaró: “Es peligroso limitar la libertad de investigación; es preferible enfrentarse a los negacionistas mediante el combate de las ideas”. Jean-Pierre Azema dijo en una entrevista: “No pretendemos que la historia pertenezca sólo a los historiadores. Pero menos aún pertenece a los parlamentarios. En un régimen democrático no existe una verdad histórica intangible”...El manifiesto “Libertad para la Historia”, firmado en diciembre de 2005 por diecinueve historiadores, entre ellos Jean-Pierre Azéma, Elisabeth Badinter, Alain Decaux, Jacques Julliard, Pierre Nora y Pierre Vidal-Naquet.“La historia no es una religión. El historiador no acepta ningún dogma, no respeta ninguna prohibición, no conoce tabús. La historia no es esclava de la actualidad. El historiador no aplica al pasado esquemas ideológicos contemporáneos ni introduce en los hechos de otro tiempo la sensibilidad de hoy. En un Estado libre, no corresponde ni al Parlamento ni a la autoridad judicial la definición de la verdad histórica.”
Cuando políticos y legisladores se arrogan la función de historiadores, lo hacen desde la perspectiva de los intereses políticos actuales, aplicando el principio orwelliano de “quien controla el pasado, controla el presente”, y no desde la búsqueda de la objetividad, escribe el profesor Francisco José Contreras, de la Universidad de Sevilla. Frente al cinismo de los políticos en su manipulación retrospectiva de los hechos, aquellos a quienes importa la verdad debemos resistir a toda fijación oficial de la Historia y, sobre todo, a la supresión de la libertad de investigación y debate, añade Contreras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario