La desaparición del Estado de derecho en 1936 permitió alcanzar una virulencia que antes no había sido posible

Escribe el profesor e historiador Ángel David Martín Rubio que “algunos historiadores niegan rotundamente que a partir de febrero de 1936 y por parte del Frente Popular hubiese el propósito de pasar a la dictadura del proletariado, es decir, de implantar un régimen marxista. Se trata de una opinión y nada más, pues los documentos, los discursos y los artículos de la prensa izquierdista demuestran lo contrario. En julio de 1936, España se encontraba en un proceso revolucionario similar al soviético, si bien con la peculiaridad de que su principal motor no era el Partido Comunista sino el PSOE, dispuesto a llegar hasta donde no había podido en 1917 y 1934, haciendo ahora un uso combinado de la acción directa y de los cauces legales. Al tiempo, los comunistas se estaban sirviendo del Partido Socialista para llevar adelante sus propósitos, tal como hicieron antes en la URSS con los mencheviques y seguirían haciendo en España durante la guerra….. La propia evolución política de la República y de la España en guerra iba a provocar la marginación de los republicanos y la persecución directa a los anarquistas, desembocando en el protagonismo decisivo de las organizaciones marxistas de inspiración soviética. Primero, por la seducción que lo ocurrido en Rusia desde 1917 causaba en los fanáticos seguidores del socialista Largo Caballero, apodado por sus correligionarios como el Lenin español, y después porque la intervención soviética en la guerra acabará provocando una total dependencia de la zona llamada republicana”.

“Un análisis objetivo nos revela que el inicio de la persecución a los católicos se remonta a la primavera de 1931, cuando llegó al poder una coalición que coincidía en considerar a la religión como un obstáculo al progreso y un instrumento del régimen derrocado. La definitiva desaparición del Estado de derecho entre febrero y julio de 1936 lo que permitió a ese laicismo alcanzar una virulencia que antes no había sido posible. Los artículos de la Constitución de 1931 y las medidas tomadas con posterioridad demostraron que se pretendía elaborar un marco legal negando la existencia política, social y cultural de un amplio sector de la sociedad española y, además, consagrando esta exclusión en el plano jurídico. El paso siguiente sería la invasión de la esfera de la intimidad y hasta de la vida. La quema de conventos, la persecución religiosa legislativa y la eliminación masiva de eclesiásticos y seglares en la Revolución de octubre de 1934 y, sobre todo, a partir de julio de 1936.”