Víctimas de la demanda de sexo

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre la prostitución.El grupo, presidido por la parlamentaria alemana Maria Noichl (socialdemócrata), ha coincidido en definir la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, y optar por una estrategia que criminaliza a los proxenetas y compradores de sexo. El informe llama al Parlamento Europeo en su conjunto a adoptar una política que priorice el conocido como ‘Modelo Nórdico’ (la estrategia en países como Suecia) en el que en lugar de optar por una legalización de la llamada industria del sexo, se considere a las mujeres prostituidas las víctimas de explotación sexual y los burdeles están prohibidos.

Después de meses de debate con muchos actores en Bruselas y otros escenarios, el Parlamento Europeo finalmente dijo “sí” a una moción que pedía “abordar la prostitución y políticas que eliminen la pobreza”. El texto, aprobado con 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones, denuncia que la “asimetría” entre las leyes sobre la prostitución en los países europeos perjudica a las “víctimas de trata con fines de explotación sexual” y ofrece un “terreno fértil para operar al crimen organizado”.Hablando en el Parlamento Europeo, la Relatora sobre los Derechos de la Mujer, Maria Noichl (Socialdemócratas, Alemania) expresó claramente su opinión de que “la prostitución no es un tipo de trabajo o trabajo sexual. La prostitución es un tipo de violencia contra la mujer... Tenemos que dejar claro que no está permitido comprar el cuerpo de una mujer”.“Las personas que se dedican a la prostitución”, dice la mayoría, “enfrentan la amenaza constante de persecución policial y judicial, y son marginadas y estigmatizadas , lo que a menudo obstaculiza su capacidad de buscar justicia”.

El texto final no llegó a pedir la implementación en los países de la UE del llamado modelo nórdico, introducido en Suecia, Francia e Irlanda. Este enfoque criminaliza la demanda de sexo con un fuerte énfasis abolicionista.

Varios grupos de presión en Bruselas, como la Alianza Europea de Trabajadores Sexuales, así como ONG influyentes como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se han opuesto a la resolución del Parlamento Europeo.