La democracia directa en Suiza

Gruyères

En Suiza se concede al pueblo una participación sustancial en las decisiones políticas en todos los ámbitos estatales. Todo ciudadano suizo y toda ciudadana suiza que haya cumplido los 18 años de edad posee, además del derecho de sufragio, el derecho a decidir sobre asuntos políticos concretos. La ciudadanía también tiene la posibilidad de promover por sí misma una votación sobre una cuestión determinada. Para ello dispone de la iniciativa y del referéndum como herramientas políticas, pudiendo ser este último de naturaleza facultativa u obligatoria. Estos tres instrumentos forman la esencia de la democracia directa.

La iniciativa popular ofrece a los ciudadanos la posibilidad de presentar propuestas para una enmienda o ampliación de la constitución. Una iniciativa popular es válida y puede someterse a votación si se logra reunir un mínimo de 100.000 firmas en un plazo de 18 meses. Una vez conseguido esto, las autoridades pueden presentar una contrapropuesta a la iniciativa popular para ofrecer al electorado y a los cantones una opción preferente.

Las leyes federales y otros decretos de la Asamblea Federal están sujetos al referéndum facultativo. De este modo, la ciudadanía puede exigir que una ley aprobada tenga que someterse a votación popular. Para conseguir una votación popular es preciso reunir un mínimo de 50.000 firmas dentro de los primeros 100 días después de la promulgación de la ley.

Cada modificación constitucional aprobada por el Parlamento está sujeta al referéndum obligatorio y requiere, por lo tanto, obligatoriamente el voto favorable del pueblo para poder entrar en vigor de forma definitiva. También el ingreso de Suiza en determinadas organizaciones internacionales exige el referéndum obligatorio. 

Saber que se forma parte de una nación no supone ser nacionalista

Saber que se forma parte de una nación no supone obligatoriamente ser nacionalista, lo mismo que tener apéndice no implica padecer apendicitis; el nacionalismo y la apendicitis son inflamaciones morbosas, no consecuencias inevitables. En cuanto al “derecho a decidir”, que no se le cae de la boca a bastantes bobos de nuestro entorno, escribe el filósofo Fernando Savater, se trata de algo consustancial a la democracia misma y lo tenemos todos y cada uno de los que vivimos en ella. Lo que en cambio nadie tiene es el derecho a decidir que los demás no decidan sobre tal o cual asunto de interés público, como la independencia de Cataluña, sin ir más lejos.

La ministra española Irene Montero quiere terminar con la objeción de conciencia de los médicos

 Irene Montero

“La objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos”, es lo que ha afirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero, al anunciar una reforma de la Ley del aborto que eliminará los tres días de reflexión y la necesidad del permiso paterno para jóvenes de 16 y 17 años. Recientemente la Unión Europea declaraba el aborto como un derecho.

La Unión Europea declaraba el aborto como un derecho

“La ley del aborto necesita una reforma”, ha dicho Montero, que considera “imprescindible regular la objeción de conciencia de los médicos” para garantizar que cualquier mujer pueda acudir “a un hospital público y cercano a su domicilio” para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. También que lo pueda hacer “eligiendo el método”. “El derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres”, ha señalado.

objeción de conciencia de los médicos

A lo largo de 2019 se practicaron 99.149 abortos en España, 3.232 más que en 2018, según el último informe anual elaborado por el Ministerio de Sanidad. Solo el 6,20% del total se practicaron en hospitales públicos y otro 8,12 en centros especializados de la red pública. La mayoría se realizan en la red existente de clínicas privadas concertadas con la red pública. La mayor parte de los abortos, además, son tempranos; el 70,97% se realizan en las primeras ocho semanas de gestación y el 23,63%, entre la novena y la decimocuarta semana.

La grave irresponsabilidad de Rodriguez Zapatero explica lo que ocurre en Cataluña

Rodríguez Zapatero

La promesa realizada por José Luis Rodríguez Zapatero en el mitin de cierre de campaña de las elecciones catalanas del año 2003 acabaría por conformarse como una especie de metáfora de la nueva situación territorial. “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el parlamento catalán”, proclamó en Barcelona, aceptando, con ello, una situación de paridad entre el Estado y sus Comunidades, en la que se daba por supuesto que el Estado debía aceptar las iniciativas de reforma estatutaria que llegasen a las Cortes Generales. Pues bien, dice Blanco Valdés, esa suposición iba a demostrarse una grave irresponsabilidad cuando la referida presunción de paridad echó a rodar una auténtica política de bola de nieve que será la que, a fin de cuentas, va a explicar la aprobación por parte del parlamento catalán de una reforma estatutaria que se llevaba literalmente por delante, jurídica y políticamente, el modelo autonómico español.

ERC editó 100.000 postales con la promesa de Zapatero

El proyecto de Estatuto se insertaba en un marco territorial de naturaleza híbrida y de resonancias con toda claridad confederales, que con el tiempo debería conducir, de forma natural, hacia el horizonte, más o menos lejano, con el que trabajaba una de las partes,la nacionalista, que habían empujado el proceso de reforma, el horizonte de la secesión territorial, base para la independencia de un territorio que acabaría, antes o después, por configurarse como Estado. Las resoluciones parlamentarias sobre el llamado derecho a decidir, cuyo ejercicio comienza a exigirse por amplios sectores de la clase política catalana a partir de 2012, partirán, como núcleo central, de la afirmación nacional de Cataluña.

“El disparatado procedimiento seguido por el Estatuto de Cataluña tuvo algo que ver con una explosión de expectativas que sólo podía conducir a lo que los teóricos de los movimientos sociales llaman privación relativa. Hay ahora muchos más catalanes convencidos de que se les ha privado de algo sustancial que antes de iniciarse aquel proceso”, escribirá Santos Juliá en El Pais.

Una cosa es libertad y otra impunidad

Hoy en día la palabra libertad se ha rebajado tanto que se la han quedado a precio de saldo los  líderes políticos. La peor parte del envilecimiento ha consistido en privar a la libertad de la responsabilidad.

Junqueras y Puigdemont 

Y hablando de libertad, escribe Beatriz Becerra que los secesionista ansían tanto la libertad que olvidan la de los demás. Su derecho a decidir es en realidad su derecho a que no decidamos todos. Cuando piden libertad para los políticos presos es obvio que donde dicen libertad deberían decir impunidad. Lo más paradójico es que las primeras medidas que prometen los nacionalistas son golpes contra la libertad. Quieren recuperar las fronteras nacionales, limitando así la libertad de movimiento que trajo consigo la construcción europea. Quien no recuerda como Puigdemont y Junqueras, con la colaboración necesaria de otros, anularon la libertad y los derechos de los diputados de la oposición en el parlamento autonómico para poder aprobar sus leyes golpistas.