El PNV consiguió su Estatuto durante la República contemplando desde la barrera el sacrificio de sus aliados

El 5 de Septiembre de 1936 Largo Caballero sustituía en la presidencia a José Giral y asumía la cartera de Guerra y la cartera de Obras Publicas aparece un nacionalista vasco, José Antonio Aguirre.El nombramiento obedece a un acuerdo entre Indalecio Prieto y José Antonio Aguirre para atraer al Partido Nacionalista Vasco al lado de la República.Y es que el PNV, tras declarar la guerra a Franco, lleva ya 18 días cruzado de brazos, viendo como los cruceros Canarias y Almirante Cervera bombardean cada día las playas de san Sebastian y cómo el coronel Beorlegui toma el Jaizquibel. El destino de la República les trae sin cuidado. La noticia de la entrada en el gobierno de la República por el PNV irritó de tal manera a algunos dirigentes del Euskadi Buru Batzar, entre ellos a Telesforo Monzón, y amenazan con pasarse en masa a las filas de Franco. Al día siguiente los periódicos rectifican y dan otra lista. Aguirre desaparece y en Obras Publicas figura el comunista Vicente Uribe Galdeano. Aparecía días más tarde otro vasco, Manuel Irujo Ollo, en un ministerio sin cartera. Al PNV le traía sin cuidado las muertes de los socialistas, comunistas y anarquistas en Irún, San Sebastián, Azpeitia, Azkoitia, Tolosa y el avance de las tropas de Mola por la provincia de Guipúzcoa. Los nacionalistas no mueven un dedo para impedir la masacre. El constante chantaje a la República acabó recompensado por lo que el PNV no podrá desmentir nunca que consiguió su Estatuto contemplando desde la barrera el sacrificio de montañas de cadáveres de sus aliados. 

Referencia: Los mitos del nacionalismo vasco de José Diaz Herrera

El nacionalismo. ¿Cómo se puede tratar esta cuestión?

José Ortega y Gasset

El nacionalismo. ¿Cómo se puede tratar esta cuestión? La solución de este otro problema, del nacionalismo, no es cuestión de una ley, ni de dos leyes, ni siquiera de un Estatuto. El nacionalismo requiere un alto tratamiento histórico; los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado, en el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos, un Estado en buena ventura los desnutre y los reabsorbe, tenía gran razón el señor Cambó en este punto, más razón que muchos representantes actuales de Cataluña, cuando decía que el nacionalismo catalán sólo tiene su vía franca al amparo de un enorme movimiento creador histórico. Él proponía lo que llamaba iberismo, y yo en punto al iberismo estoy en desacuerdo con él, pero en el sentido general tenía razón. Lo importante es movilizar a todos los pueblos españoles en una gran empresa común. Pero no hace falta nada de iberismo; tenemos delante la empresa de hacer un gran Estado español. Para esto es necesario que nazca en todos nosotros lo que en casi todos ha faltado hasta aquí, lo que en ningún instante ni en nadie debió faltar, el entusiasmo constructivo. Este debe ser el supuesto común a todos los grupos republicanos, lo que latiese unánimemente, por debajo o por encima de todas nuestras otras discrepancias; que nos envolviese por todos los lados como el aire que respiramos, y como el elemento de todos y propiedad de ninguno. Discurso sobre el Estatuto de Cataluña de JOSÉ ORTEGA Y GASSET en la sesión de las Cortes de 13 de mayo de 1932

Cataluña, la creación de una profunda fractura social y política

El estudio “Evolución y legados de la aventura secesionista en Cataluña” publicado por Policy Network, y realizado por  Josep M. Oller, Albert Satorra y Adolf Tobeña, manifiesta que la consecuencia principal de la campaña secesionista catalana ha sido la creación de una profunda fractura social y política entre dos grandes segmentos de la ciudadanía catalana, secesionistas y unionistas, que no existía antes de la eclosión de las aspiraciones de segregación de España. La ausencia de una mayoría social clara detrás del vigoroso y perseverante empuje secesionista, abrió aprensiones y fricciones desconocidas hasta entonces. Vecinos, colegas, conocidos e incluso amigos y familiares que habían compartido sentimientos de vinculación con Cataluña y España, como parte de sus afectos y valores, están ahora divididos en el tema de la secesión y deben convivir y relacionarse en medio de una tensión no resuelta.

El secesionismo catalán sobresalió, inicialmente, mostrándose como un movimiento inclusivo y pacífico que quería alcanzar sus aspiraciones mediante unos procedimientos democráticos exquisitos. La enconada lucha política entre la rigidez de los poderes centrales y una administración regional más imaginativa y maniobrera contribuyó también a difundir esa visión entre muchos observadores foráneos. Eso cambió, drásticamente, cuando el poder autonómico anunció, a principios del verano de 2017, que pretendía convocar un referéndum vinculante sobre la secesión a pesar de las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional sobre su ilegalidad y la vulneración del Estatuto de Autonomía. Un referéndum que serviría para promulgar y sancionar una segregación inmediata de España en caso de victoria. Esos pasos pregonados se siguieron hasta el final, pero con ello se logró despertar la reacción de la ciudadanía unionista (alrededor de tres millones, de un censo de 5,5 millones, en una población total de más 7 millones en la región). Los unionistas catalanes se habían mantenido mayoritariamente silenciosos y expectantes a lo largo de la campaña secesionista, pero durante las semanas anteriores a la “declaración de independencia” (27 de octubre de 2017), emergió el activismo unionista en medio de tensiones sociales crecientes en todos los escenarios.

Francisco Tomás y Valiente: “Suprimamos de una vez la estúpida expresión de comunidades históricas”

Francisco Tomás y Valiente

Al profesor Francisco Tomás y Valiente, en el curso de un debate celebrado en 1994 sobre el estado autonómico, alguien le reivindicó que “Castilla-León en cuanto a historicismo tiene todo el que se quiera”. A lo que el  profesor Tomás y Valiente contesto: “Usted ha dicho no sé qué del historicismo y que historicismo tiene tanto como el que más Castilla y León. Ahí yo quisiera precisar conceptos. Lo que tiene Castilla-León es tanta antigüedad o más que nadie. Quizá Asturias más, si nos remontamos al reino astur o al reino astur-leonés, pues más o menos; al igual que los primeros condados catalanes o más o menos que Navarra. Desde este punto de vista hago una observación que nadie ha hecho, pero que me apetece hacer con el permiso del moderador y de ustedes. Suprimamos de una vez la estúpida expresión de comunidades históricas, porque eso no significa nada claro. ¿Comunidades históricas, qué son? Las tres que por haber tenido un estatuto, por cierto, que el de Galicia de aquella manera, en mil novecientos treinta y tantos, ya son históricas, pues pequeña historia es la que tienen, bien reciente es. ¿Comunidades históricas, qué quiere decir? ¿Que ahora mismo son el soporte territorial de lo que fueron antes reinos de la Corona de Aragón o de la Corona de Castilla? Pues entonces, naturalmente, comunidades históricas no son sólo Cataluña, País Vasco… El País Vasco como comunidad, como unidad política, nació en la Segunda República. Por supuesto que Guipúzcoa, Vizcaya y Álava proceden de muy atrás, pero no confundamos las cosas con esta explicación de comunidad histórica, porque tan histórica es Aragón, como Castilla y León”. 

Ernest Renan escribió que “el olvido, y hasta yo diría que el error histórico, son un factor esencial en la creación de una nación, de modo que el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad”.

Los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la Constitución

El Tribunal Constitucional español en su sentencia de 2 de Febrero de 1981 expresó que la autonomía no es soberanía. La autonomía no es soberanía, y, porque no lo es, previó la Constitución un procedimiento de reforma estatutaria que se basa en dos principios esenciales; que los estatutos no pueden reformarse sin el acuerdo del respectivo parlamento regional y las Cortes Generales; y que la norma resultante de ese acuerdo queda sujeta al juicio de constitucionalidad ulterior del Tribunal Constitucional.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de Abril de 1982 expresa que la Constitución “lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por la vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento y en tanto tal, tanto los ciudadanos como los poderes públicos … están sujetos a ella”.

Roberto Blanco,catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, opina que la participación del Tribunal Constitucional en el control del procedimiento de reforma estatutaria resulta políticamente indispensable a la vista de una circunstancia que sería una irresponsabilidad desconocer; que en nuestro sistema de partidos las fuerzas nacionalistas, crecientemente autoafirmadas como independentistas, y protagonistas en gran medida de la política nacional por su papel central en la gobernabilidad de España, han venido manteniendo desde hace años un pulso constante por romper los límites que la Constitución marca en materia de descentralización.

La grave irresponsabilidad de Rodriguez Zapatero explica lo que ocurre en Cataluña

Rodríguez Zapatero

La promesa realizada por José Luis Rodríguez Zapatero en el mitin de cierre de campaña de las elecciones catalanas del año 2003 acabaría por conformarse como una especie de metáfora de la nueva situación territorial. “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el parlamento catalán”, proclamó en Barcelona, aceptando, con ello, una situación de paridad entre el Estado y sus Comunidades, en la que se daba por supuesto que el Estado debía aceptar las iniciativas de reforma estatutaria que llegasen a las Cortes Generales. Pues bien, dice Blanco Valdés, esa suposición iba a demostrarse una grave irresponsabilidad cuando la referida presunción de paridad echó a rodar una auténtica política de bola de nieve que será la que, a fin de cuentas, va a explicar la aprobación por parte del parlamento catalán de una reforma estatutaria que se llevaba literalmente por delante, jurídica y políticamente, el modelo autonómico español.

ERC editó 100.000 postales con la promesa de Zapatero

El proyecto de Estatuto se insertaba en un marco territorial de naturaleza híbrida y de resonancias con toda claridad confederales, que con el tiempo debería conducir, de forma natural, hacia el horizonte, más o menos lejano, con el que trabajaba una de las partes,la nacionalista, que habían empujado el proceso de reforma, el horizonte de la secesión territorial, base para la independencia de un territorio que acabaría, antes o después, por configurarse como Estado. Las resoluciones parlamentarias sobre el llamado derecho a decidir, cuyo ejercicio comienza a exigirse por amplios sectores de la clase política catalana a partir de 2012, partirán, como núcleo central, de la afirmación nacional de Cataluña.

“El disparatado procedimiento seguido por el Estatuto de Cataluña tuvo algo que ver con una explosión de expectativas que sólo podía conducir a lo que los teóricos de los movimientos sociales llaman privación relativa. Hay ahora muchos más catalanes convencidos de que se les ha privado de algo sustancial que antes de iniciarse aquel proceso”, escribirá Santos Juliá en El Pais.

La Corona nunca ha traicionado la Constitución. Los nacionalistas, si.

El rey dice que el Estado debe restaurar el “orden constitucional” en Cataluña

A los separatistas catalanes no les interesan nada ni el perfil del nuevo rey, ni sus esfuerzos por desvincularse de su cuñado y de la corrupción. Lo que atacan es el suelo democrático de la institución. La voluntad soberana de los españoles, que en 1978 aceptaron la monarquía parlamentaria como forma política del Estado. La monarquía se ha convertido en un símbolo de la España democrática. En un objetivo a batir. La corona nunca ha buscado desbordar la función simbólica que le otorga la Constitución. Nunca ha traicionado la letra y el espíritu de la Transición. Los nacionalistas, sí.

Cayetana Álvarez de Toledo escribe que el populismo español tiene muchos tíos y abuelos, pero su padre es

Zapatero y Maduro.

Zapatero. Frívolo y sectario, apadrinó la centrifugación del Estado. Aquella famosa frase: “Pascual, aceptaré el Estatuto que venga de Cataluña…”; legalizó al brazo político de ETA, sin exigir a cambio ni la entrega de las armas ni la condena de los asesinatos. Impulsó una interpretación revanchista de la Memoria Histórica y la plasmó en una ley innecesaria. Su objetivo era el arrinconamiento de la derecha detrás de lo que uno de sus 
seguidores calificó como “un cordón sanitario”. Las políticas de Zapatero dieron alas al discurso nacionalista y sentaron las bases ideológicas para la irrupción de Podemos. La cercanía que hoy demuestra con el dictador venezolano Nicolás Maduro no es una casualidad.