Vocdoni

El hecho de que el independentismo continúe buscando iniciativas con la intención de promover un eventual referendo catalán secesionista en esta región de España, solo tendría validez si el Ejecutivo de Pedro Sánchez se los permite, tras todas las consideraciones que ha tenido con este grupo político a quienes ha vuelto sus socios para poder formar un Gobierno. Estas consideraciones las ha hecho el catedrático Juan Antonio de Castro a propósito de las informaciones publicadas en otros medios, relacionada con la existencia de una supuesta aplicación informática, conocida como Vocdoni, desarrollada por un grupo de organizaciones encargadas de financiar y promover este tipo de movimientos, en la que se encuentra Open Society Foundation y su dueño, George Soros. Según los datos publicados, la Guadia Civil determinó que Soros y otras organizaciones estarían detrás de esta aplicación . Eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea para que investigara al magnate estadounidense y su vinculación con estos movimientos que promueven y apoyan al independentismo catalán.

“A mi no me extrañaría que esto fuera cierto, porque cuando escribí mi libro Soros rompiendo España, conseguimos información que la entregamos, en su momento a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y al juez Pablo Llarena, sobre estos grupos catalanes que promueven el independentismo y la vinculación que tenían con la Open Society Foundation”, dice de Castro. Las investigaciones hechas por la Guardia Civil lograron determinar que los presuntos implicados en el la promoción de la plataforma digital que supuestamente estarían utilizando para promover otro referendo catalán, habrían hecho viajes a Bruselas, donde tiene fijada su residencia Carles Puigdemont, una de las principales figuras del independentismo que ahora se mantiene en el exilio y que las autoridades no descartan que continúe gestionando este tipo de iniciativas, que son aparentemente apoyadas económicamente por el magnate estadounidense y su fundación.

Rasgos de la administración del govern de la Generalitat catalana

Rasgos de la administración del govern de la Generalitat catalana:

• Se sustenta en una minoría de votos de los catalanes y en una mayoría de los escaños separatistas y radicales en el Parlamento regional.

• No es neutral: desconoce la obligación de neutralidad de la Administración y de servicio a todos los catalanes y no sólo a las pretensiones independentistas.

• Está quebrada y ha sido rescatada por el Estado español.

• Gasta a mansalva el dinero que no tiene, y no invierte.

• Subvenciona sin sujeción a sus competencias y por motivos ideológicos (nacionalismo).

• Usurpa las competencias que en materia exterior corresponden a la administración central del Estado para socavar el prestigio de España y vender su pretensión secesionista. 

• Es moralmente corrupta, por su falta de respeto a más de la mitad de los catalanes y por su uso de la Generalitat sólo para la confrontación. Y es monetaria y penalmente corrupta, a) por la malversación de recursos públicos a finalidades indebidas; y b) por los escándalos de corrupción que salpican a sus líderes, el 3 % y más.

• Desconoce las leyes que no le gustan, y las posteriores sentencias que le obligan a su cumplimiento.

• Se opone al bilingüismo, consustancial a Cataluña, y está completamente desinteresada en la calidad de la enseñanza. Los informes PISA muestran el dolo que tiene la política educativa de la Generalitat independentista.

• Las listas de espera de la sanidad catalana es la más largas de las Comunidades y Ciudades Autónomas102.

• Su cuerpo de policía, 17 mil agentes armados, no se rige por la sujeción a la ley.

• Es altamente sobre reguladora.

• Es un mini (o maxi) estado en desarrollo.

• El resultado es una confrontación total y el desgobierno.

• Para los mismos niveles que la Administración central del Estado y de la mayor parte de las Comunidades Autónomas, los líderes separatistas reciben sueldos muy superiores.

Fuente: Ferran Brunet i Cid que es profesor de Economía Aplicada en la Universitat Autònoma de Barcelona, docente e investigador en Economía Europea.

En promedio, un alto cargo de la administración autonómica catalana cobra un 43 % más que un alto cargo del Estado. 240 cargos del gobierno de Torra cobraban más que el presidente del gobierno central. En su conjunto, los 413 altos cargos del govern separatista cobran una media de 86.721 € al año, frente a los 25.553 € al año que cobra de media un asalariado catalán. Esto son 3,4 veces el sueldo medio de un catalán normal.

Al desglosar las cifras se obtienen otros suculentos matices. Las mujeres cargos son sólo el 37 % del total y de media cobran un 9,5 % menos que los cargos masculinos.Los cargos de la Generalitat independentista son castellano hablantes en un14%(recordemos que los catalanes son castellanohablantes en un 55 %), y esto sin mencionar sus apellidos…

Cataluña, la creación de una profunda fractura social y política

El estudio “Evolución y legados de la aventura secesionista en Cataluña” publicado por Policy Network, y realizado por  Josep M. Oller, Albert Satorra y Adolf Tobeña, manifiesta que la consecuencia principal de la campaña secesionista catalana ha sido la creación de una profunda fractura social y política entre dos grandes segmentos de la ciudadanía catalana, secesionistas y unionistas, que no existía antes de la eclosión de las aspiraciones de segregación de España. La ausencia de una mayoría social clara detrás del vigoroso y perseverante empuje secesionista, abrió aprensiones y fricciones desconocidas hasta entonces. Vecinos, colegas, conocidos e incluso amigos y familiares que habían compartido sentimientos de vinculación con Cataluña y España, como parte de sus afectos y valores, están ahora divididos en el tema de la secesión y deben convivir y relacionarse en medio de una tensión no resuelta.

El secesionismo catalán sobresalió, inicialmente, mostrándose como un movimiento inclusivo y pacífico que quería alcanzar sus aspiraciones mediante unos procedimientos democráticos exquisitos. La enconada lucha política entre la rigidez de los poderes centrales y una administración regional más imaginativa y maniobrera contribuyó también a difundir esa visión entre muchos observadores foráneos. Eso cambió, drásticamente, cuando el poder autonómico anunció, a principios del verano de 2017, que pretendía convocar un referéndum vinculante sobre la secesión a pesar de las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional sobre su ilegalidad y la vulneración del Estatuto de Autonomía. Un referéndum que serviría para promulgar y sancionar una segregación inmediata de España en caso de victoria. Esos pasos pregonados se siguieron hasta el final, pero con ello se logró despertar la reacción de la ciudadanía unionista (alrededor de tres millones, de un censo de 5,5 millones, en una población total de más 7 millones en la región). Los unionistas catalanes se habían mantenido mayoritariamente silenciosos y expectantes a lo largo de la campaña secesionista, pero durante las semanas anteriores a la “declaración de independencia” (27 de octubre de 2017), emergió el activismo unionista en medio de tensiones sociales crecientes en todos los escenarios.

Una cosa es libertad y otra impunidad

Hoy en día la palabra libertad se ha rebajado tanto que se la han quedado a precio de saldo los  líderes políticos. La peor parte del envilecimiento ha consistido en privar a la libertad de la responsabilidad.

Junqueras y Puigdemont 

Y hablando de libertad, escribe Beatriz Becerra que los secesionista ansían tanto la libertad que olvidan la de los demás. Su derecho a decidir es en realidad su derecho a que no decidamos todos. Cuando piden libertad para los políticos presos es obvio que donde dicen libertad deberían decir impunidad. Lo más paradójico es que las primeras medidas que prometen los nacionalistas son golpes contra la libertad. Quieren recuperar las fronteras nacionales, limitando así la libertad de movimiento que trajo consigo la construcción europea. Quien no recuerda como Puigdemont y Junqueras, con la colaboración necesaria de otros, anularon la libertad y los derechos de los diputados de la oposición en el parlamento autonómico para poder aprobar sus leyes golpistas.