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lunes, 3 de junio de 2024

La democracia directa en Suiza



Gruyères
En Suiza se concede al pueblo una participación sustancial en las decisiones políticas en todos los ámbitos estatales. Todo ciudadano suizo y toda ciudadana suiza que haya cumplido los 18 años de edad posee, además del derecho de sufragio, el derecho a decidir sobre asuntos políticos concretos. La ciudadanía también tiene la posibilidad de promover por sí misma una votación sobre una cuestión determinada. Para ello dispone de la iniciativa y del referéndum como herramientas políticas, pudiendo ser este último de naturaleza facultativa u obligatoria. Estos tres instrumentos forman la esencia de la democracia directa.
La iniciativa popular ofrece a los ciudadanos la posibilidad de presentar propuestas para una enmienda o ampliación de la constitución. Una iniciativa popular es válida y puede someterse a votación si se logra reunir un mínimo de 100.000 firmas en un plazo de 18 meses. Una vez conseguido esto, las autoridades pueden presentar una contrapropuesta a la iniciativa popular para ofrecer al electorado y a los cantones una opción preferente.
Las leyes federales y otros decretos de la Asamblea Federal están sujetos al referéndum facultativo. De este modo, la ciudadanía puede exigir que una ley aprobada tenga que someterse a votación popular. Para conseguir una votación popular es preciso reunir un mínimo de 50.000 firmas dentro de los primeros 100 días después de la promulgación de la ley.
Cada modificación constitucional aprobada por el Parlamento está sujeta al referéndum obligatorio y requiere, por lo tanto, obligatoriamente el voto favorable del pueblo para poder entrar en vigor de forma definitiva. También el ingreso de Suiza en determinadas organizaciones internacionales exige el referéndum obligatorio. 


viernes, 10 de agosto de 2018

La necesidad de la democracia representativa es el mejor argumento en favor del Estado tradicional.

La necesidad de la democracia representativa, que hace posible que un gran número de personas vivan juntas con cierto grado de acuerdo al tiempo que conservan en alguna medida el control sobre su destino colectivo,es el mejor argumento en favor del Estado tradicional. De hecho, los dos están destinados a vivir o a morir juntos. Siempre habrá que tomar decisiones políticas porque la política, como actividad antitética, es la forma adecuada para expresar las diferentes preferencias colectivas en las sociedades abiertas. Y como el estado es el único foro en el que se puede practicar la política, algo que se hace evidente en cuanto contemplamos las alternativas, es imprudente además de irrealista tratar de reducir o soslayar al Estado. 


Porque el libre flujo del capital amenaza a la autoridad soberana de los estados democráticos hemos de reforzarlos, dice Tony Judt, no rendirlos al canto de sirena de
Tony Judt
los mercados internacionales, la sociedad global o las comunidades transnacionales. Por eso a muchos les parece erróneo el proyecto europeo, y por eso sería erróneo dejar la iniciativa política a las fuerzas del mercado global. Lo mismo que la democracia política es todo lo que media entre los individuos aislados y un Gobierno excesivamente poderoso, el Estado regulador, de bienestar, es todo lo que media entre sus ciudadanos y las impredecibles fuerzas del cambio económico. Lejos de ser un impedimento para el progreso, el Estado recalcitrante que encarna las expectativas y exigencias de su ciudadanía es la única salvaguarda del progreso hasta la fecha. Todas las conquistas de la legislación social sobre las condiciones y jornadas de trabajo, la educación, la difusión de la cultura, la protección de la salud y del medio ambiente, los seguros para la vejez, el desempleo y la pérdida del hogar, así como una limitada redistribución de la riqueza… todas son vulnerables y contingentes políticamente. No hay ninguna ley histórica que diga que un día no vayan a perderse. Pues con los avances sociales ocurre lo mismo que con las libertades políticas, constantemente hemos de detener las amenazas a lo que se ha logrado, y no suponer que esas conquistas son una parte segura de una herencia intocable.

viernes, 2 de junio de 2017

En el gobierno, los más aptos son los más hábiles en hacer apelaciones demagógicas a los votantes.

Escritores que se quejan de las vilezas y tretas de la publicidad no  suelen criticar a la publicidad de las campañas políticas, donde sus acusaciones resultarían relevantes. Como  escribe Schumpeter en su libro Capitalism, Socialism and Democracy, “la imagen de la mujer más bella del mundo resulta inútil a largo plazo para mantener las ventas de un mal cigarrillo. No hay una protección equivalente en el caso de las decisiones políticas. Muchas decisiones de importancia vital son de una naturaleza que hace imposible que el público experimente con ellas a su antojo y con un coste moderado. Sin embargo, aunque esto sea posible, en general no es tan sencillo hacerse una opinión como en el caso del cigarrillo, porque los efectos son menso fáciles de interpretar”.

El economista Murray Rothbard dice que en el mercado, los
Murray Rothbard
más aptos son los más capaces de servir a los consumidores; en el gobierno, los más aptos son los más dispuestos a ejercer la coerción o los más hábiles en hacer apelaciones demagógicas a los votantes. En el mercado el individuo está constantemente manifestando su elección de comprar o no comprar, vender o no vender, en el curso de decisiones absolutas relativas a su propiedad. El votante, al votar a un candidato en particular, solo muestra una preferencia relativa sobre uno o dos potenciales gobernantes, debe hacerlo dentro del marco de una regla coercitiva de que, vote o no, uno de esos hombre el gobernará durante los siguientes años.


Difícilmente puede decirse en una democracia que quienes no voten apoyan a los gobernantes y es imposible decirlo de los votantes del bando perdedor. Pero incluso quienes votaron por los ganadores bien pueden haberles apoyado simplemente como “el menor de dos males”. La cuestión es, ¿Por qué tienen que votar por algún mal? La gente no usa nunca estos términos cuando actúan libremente para sí mismos o cuando adquieren bienes en un mercado libre. Nadie piensa en su nuevo traje o su nuevo refrigerador como en un “mal” (mayor o menor). En estos casos la gente piensa que está comprando “bienes”, no apoyando resignadamente un mal menor. Lo que pasa es que el público nunca tiene la oportunidad de votar el propio sistema del Estado, dice Rothbard, están atrapados en un sistema en el que la coerción es inevitable.