Siendo misión principal del Parlamento proveer a la libertad del pueblo contra la arbitrariedad del gobierno

La larga y a menudo fructífera tradición inglesa de hacer valer la fuerza de la ley y la costumbre frente a la arbitrariedad real, visible al menos desde los tiempos de Juan sin Tierra y la Carta Magna, se hizo muy evidente a la muerte de la reina virgen Isabel I, cuando el Parlamento decidió enardecer sus reivindicaciones en defensa de la libertad del individuo. Muy a menudo, las disputas principales surgían por asuntos económicos relacionados con los intentos de la monarquía por hacerse con el monopolio de ciertas producciones. De hecho, recién estrenado en 1603 el reinado del sucesor de Isabel, Jacobo I, este se vio obligado a contemplar atónito como un simple tribunal de justicia fallaba que la concesión del privilegio exclusivo para la producción de un artículo iba “contra el derecho común y la libertad del ciudadano”. Lo mismo le ocurrió al desdichado Carlos I, que perdería su cabeza en el transcurso de la revolución de 1648, cuando pretendió nacionalizar la industria inglesa del carbón. Aquellos pleitos de los monopolios habían dejado bien claro que “tal clase de prescripción, que conduce a la exclusiva del comercio o tráfico en beneficio de una persona o una compañía y excluye a las restantes, es contraria a la ley”. 

La solemne declaración del Parlamento reunido en Westminster en 1660, muy poco antes de la restauración de la monarquía que elevó al poder a Carlos II, que, entre otros asuntos de fundamento, dejó escritos pasajes realmente formidables, ya en el camino hacia la verdadera separación de poderes. “Formalmente se declara que de ahora en adelante todas las actuaciones referentes a la vida, libertades y bienes de todos cuantos integran el pueblo libre de esta comunidad deben ser acordes con las leyes de la nación, y que el Parlamento no se entrometerá en la administración ordinaria o parte ejecutiva de la ley, siendo misión principal del actual Parlamento, como lo ha sido en todos los anteriores, proveer a la libertad del pueblo contra la arbitrariedad del gobierno”. Este corpus ideológico influyó decisivamente en todo lo que ocurriría en la siguiente centuria en Europa y en Norteamérica y en esa labor de transmisión no fue ajena la tarea de racionalización de los conceptos llevada a cabo por un pensador realmente significativo a estos fines, John Locke (1632-1704).

Referencia:Breve historia del liberalismo (Juan Granados)

Donde no hay ley no hay libertad.

Spinoza

Spinoza dice que “los niños, aunque son coaccionados, no son esclavos” porque obedecen leyes que han sido dadas para sus propios intereses, y que el sujeto una verdadera comunidad no es esclavo, porque los intereses, comunes tienen que incluir el suyo propio”. Locke dice que donde no hay ley no hay libertad, porque las leyes racionales son direcciones que se dan para los intereses apropiados de un hombre o bien general; y añade que puesto que tales leyes son lo que “nos preserva de los pantanos y precipicios, difícilmente merecen el nombre de confinamientos”, y dice que los deseos de librarse de tales leyes son deseos brutos y formas irracionales de licencia. Montesquieu, olvidando sus momentos liberales, dice que la libertad política no es dar permiso para hacer lo que queramos, ni incluso para hacer

Edmund Burke.

lo que permita la ley, sino sólo el poder de hacer lo que deberíamos querer, lo cual repite virtualmente Kant. Burke proclama el derecho del individuo a restringirse en su propio interés, porque “el supuesto consentimiento de toda criatura racional está al unísono con el predispuesto orden de las cosas”.Isaiah Berlin dice que la libertad no es libertad para hacer lo que es irracional, estúpido o erróneo. Forzar a los yos empíricos a acomodarse a la norma correcta no es tiranía, sino liberación.

El Gobierno de Pedro Sánchez tira de decreto ley para gobernar..

Pedro Sanchez 

Los periódicos españoles escriben que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tirado de decreto ley para gobernar. Gobernar a través de decretos ley es cómodo para los gobiernos, pero costoso para la sociedad, advierten los expertos en derecho. Una ley discutida en el Parlamento es una ley que ha pasado el escrutinio de la sociedad. Un real decreto-ley levanta suspicacias instintivas, tanto por las formas como por la ausencia de debate constructivo, que genera en la opinión pública la sensación de que los gobiernos adoptan una posición errática agravada por una peligrosa deriva autoritaria.

John Locke

Según el filosofo ingles John Locke, “quien tiene el poder legislativo o supremo de cualquier comunidad, está obligado a gobernar por leyes permanentes establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no por decretos extemporáneos”. Esto es todo lo contrario a lo que dice y hace Pedro Sanchez, el cual quiere actuar primero y legalizar después en su pretensión de poder absoluto bajo la mascarada democrática.

El consentimiento del pueblo es la única base para la autoridad del gobierno.

John Locke

John Locke opinaba que el consentimiento del pueblo es la única base para la autoridad del gobierno. Locke deja esto muy claro al decir que “quienquiera que, gozando de autoridad, se exceda en el poder que le confiere la ley, y haga uso de la fuerza que tiene a su mando para extenderla a temas que la ley no permite puede encontrar la misma resistencia que cualquier hombre que invade el derecho de otro. Si el gobierno, o el gobernante, viola los derechos de los ciudadanos individuales, el pueblo tiene el derecho a rebelarse y liberarse de este gobernante, o gobierno. Robar y destruir la propiedad de la gente, o reducirla a esclavitud coloca al gobernante en estado de guerra con su pueblo, que queda absuelto de toda obediencia y libre de acudir al

recurso que Dios ha dado a todos los hombres contra la fuerza y la violencia”. En otras palabras, la revolución. Locke pensaba que el gobierno debe actuar solamente para el propósito para el que fue originariamente formado, a saber, la protección de la vida, la libertad y la propiedad.

Locke puso los fundamentos sobre los cuales fue construida la democracia liberal moderna. Éstas eran las ideas que servirían de inspiración, un siglo más tarde, a la Declaración de Independencia Norteamericana.

Libertad.

John Locke

Desde las grandes revoluciones francesa y americana, en la segunda mitad del siglo XVIII, la libertad ha ocupado un lugar preeminente como principio definidor del liberalismo. Según John Locke, un teórico político cuya obra inspiró a los Padres Fundadores de Estados Unidos, garantizar la libertad es la justificación última de la constitución legal de un Estado: “El fin de la ley no es abolir o constreñir sino preservar y aumentar la libertad”. La libertad de tener las opiniones políticas y religiosas que uno quiera, de expresar tales opiniones sin temor ni trabas, de decidir por uno mismo dónde y de qué manera vivir la propia vida, tales son los premios de la libertad. Según la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, la libertad, además de la vida y la búsqueda de la felicidad, es uno de los derechos naturales e inalienables de los que están

dotados todos los seres humanos por igual. Es un derecho que no debe ser limitado, salvo por las más poderosas razones, pero que tampoco puede ser ilimitado o absoluto. Como el filósofo e historiador social inglés R. H. Tawney dijo “la libertad para el lucio es la muerte para los pececillos”. La libertad sin trabas, o licencia para cualquier cosa, inevitablemente infringe la libertad de los demás.

Terror de Robespierre

La puesta en práctica y la defensa de la libertad raramente se desarrollan sin problemas. Estados Unidos, que se autoproclama portador de la antorcha de la libertad, se vio mancillado por la esclavitud legalizada, prolongada durante casi un siglo después de haber ganado su independencia, y cuya práctica informal continuó en el siglo XX. En Francia, otro gran bastión de la libertad, la “serena y bendita libertad” que proclamaba un periódico parisino tras la caída de la Bastilla en 1789 se había transformado, en el lapso de cuatro años, en el reinado del Terror de Robespierre, en el que toda la oposición política fue aplastada y se guillotinó a unos 17.000 sospechosos de contrarrevolucionarios.