El desarrollo de algo similar a una política del agua exige haber reconocido que el agua es un bien público; definir los derechos sobre el agua y separar las pretensiones estatales de las privadas. Elaborar una provisión legal completa sobre la propiedad y los usos del agua (incluida su utilidad industrial) fue un proceso penoso y extraordinariamente complicado. Incluso en un país tan centralista como Francia, la cuestión no se cerró hasta 1964; en muchas zonas del mundo, todavía sigue en proceso. A la voluntad política y las disposiciones legales debía sumarse una tecnología adecuada. Esta combinación se llevó a efecto por primera vez con la creación de una moderna red de suministro de agua en Nueva York. En 1842 se inauguró un sistema de acueductos, canalizaciones y depósitos. Daba servicio a fuentes públicas, edificios privados y los bomberos. El valor de una limpieza técnica del agua quedó plenamente de manifiesto en 1849, cuando el médico inglés John Snow comprobó que el cólera no se propaga por el aire ni por el contacto humano directo, sino por el agua. La teoría de Snow tardó más de quince años en recibir la aceptación general.
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