La intervención estatal en los mercados (una vez creados) debe ser mínima porque el Estado no puede en modo alguno obtener la información necesaria para anticiparse a las señales del mercado (los precios) y porque es inevitable que poderosos grupos de interés distorsionen y condicionen estas intervenciones estatales (en particular en los sistemas democráticos) atendiendo a su propio beneficio, escribe el profesor David W. Harvey.
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