La acción del Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiaridad

En la encíclica Deus caritas est, Joseph Ratzinger defendió que "el Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano, necesita, una entrañable atención personal". El pontífice aseguraba que "lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio”. Este principio, precisamente, junto con el de solidaridad, constituye uno de los pilares fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia: "La acción del Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiaridad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica…..La solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en asistencialismo". Por tanto, para lograr que tanto el principio de subsidiariedad como el de solidaridad sean respetados, la Doctrina estima que la intervención del estado debe ser "proporcionada a las exigencias reales de la sociedad”.

El papa Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus Annus afirmaba que la creciente intervención "ha llegado a constituir un Estado de índole nueva: el Estado del bienestar". Consideraba que "no han faltado excesos y abusos…. que se derivan de una inadecuada comprensión de los deberes propios del Estado”. Wojtyła recalcaba que "debe ser respetado el principio de subsidiariedad" y sentenciaba: "Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común”. "Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos", indicaba Juan Pablo II que, de igual manera, reconocía que "el que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo más adecuado es quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado”.