Industria de la muerte

El Senado español ha aprobado por 155 votos a favor, 100 en contra (de PP y Vox) y 3 abstenciones la ley de eutanasia, que permite a sanitarios matar enfermos si lo piden los enfermos expresamente o si consta algún documento anticipado en que lo pidieran.

José Manuel Marín

El senador José Manuel Marín, que es médico, ha protestado, recordando que "nadie tiene derecho a provocar la muerte de un semejante gravemente enfermo, ni por acción ni por omisión". Ha denunciado que el Gobierno "quiere instaurar la industria de la muerte". Y ha añadido: "Díganme que no se van a realizar eutanasias involuntarias. ¿Cómo van a controlar que no se produzcan si al tiempo prevén hacerlo en residencias y domicilios por médicos privados que cobran por ello? ¿Por qué no se prevé su práctica solo en hospitales públicos? Solo cabe una respuesta, porque quieren instaurar la industria de la muerte”.

Las eutanasias, según esta ley, se pueden hacer en centros concertados, incluso en lugares especializados sólo en ello, o en domicilio, con la visita de un eutanasiador alentado y apoyado por parientes del enfermo o anciano, quizá impacientes por heredar, y lejos de la mirada molesta de enfermeros, sanitarios, oncólogos o paliativistas.

La ley pide a los sanitarios objetores de conciencia que expresen su objeción apuntándose por escrito y de manera anticipada en una lista de objetores, supuestamente confidencial. Pero no está claro que eso encaje con la jurisprudencia española que ya existe sobre objeción de conciencia sanitaria ni con la Constitución y podría ser uno de los puntos que el Tribunal Constitucional tumbase con más facilidad. Además, esa lista negra previa cuenta con la oposición firme de numerosos colegios de médicos, incluso de aquellos controlados por defensores de la eutanasia.