sábado, 10 de agosto de 2019

Juicios ilegales en Guinea Ecuatorial


Teodoro Obiang
Más de 100 personas fueron juzgadas a principios de año en Guinea Ecuatorial, acusadas de haber intentado derrocar al presidente Teodoro Obiang, en un juicio ilegal con una condena para 112 personas que no menciona pruebas y que es un reflejo de la falta de parcialidad de la justicia en el país, según observadores que presenciaron el proceso "Es un juicio que fue ilegal e injusto de principio hasta el fin", observa el exrelator especial de la ONU Juan Méndez, que estuvo en el proceso y que así lo asegura en un vídeo hecho público por Human Rights Watch (HRW). Una veintena de ellos fueron condenados a penas de más de 70 años de cárcel.

Según una investigación preliminar firmada por Méndez, que observaba el juicio como parte del proyecto Trial Watch, de la Fundación Clooney para la Justicia, todos los detenidos permanecieron incomunicados en la cárcel y ni siquiera pudieron hablar con sus abogados hasta apenas cuatro días antes del juicio. Además, algunos acusados denunciaron torturas mediante golpes y descargas eléctricas por parte de las fuerzas de seguridad para conseguir una confesión.


La sentencia, de 70 páginas, no menciona en ningún momento "una sola prueba" contra los condenados, según otra observadora, Viancy Ortiz, que pudo leerla entera."El hecho de que las autoridades de Guinea Ecuatorial sientan que pueden llevarse a decenas de personas de las calles y condenarlas a décadas de cárcel sin otra prueba que una confesión obtenida bajo tortura debería generar repudio y alerta", consideró la investigadora de HRW Sarah Saadoun. En el juicio, la Fiscalía tampoco presentó ninguna prueba contra los acusados y las únicas que se presentaron fueron confesiones obtenidas mediante torturas y coerción, según la investigadora y los observadores.

Catedral de Malabo

"Ha habido al menos dos casos este año, además de este juicio, donde los abogados dicen que sus clientes murieron en detención debido a la tortura", asegura Saadoun. Las detenciones preventivas, que se extienden incluso años sin un juicio, sin ningún tipo de comunicación no es algo aislado. Saadoun cita el caso de un profesor que estuvo seis meses esperando a juicio por haber mandado un audio a un compañero, que luego se hizo público en internet, quejándose del gasto gubernamental.

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