La Constitución española de 1978 afirma en su artículo 39: "Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. Un informe el CEU - CEFAS ( Centro de Estudios, Formación y Análisis Social) constata que no sólo la familia es más débil y frágil, sino que el Estado español la trata mucho pero que en 1978.
El informe Constitución y familia. Un principio fallido afirma que "en diversas cuestiones clave el Estado no protege a las familias, contraviniendo lo que establece al respecto la Constitución de 1978”. La familia sufre hoy de muy baja nupcialidad, de muy alta divorcialidad (es inestable, frágil, precaria) y de una fecundidad y natalidad bajísima. Los niños sufren de soledad y empobrecimiento afectivo (crecen sin hermanos, a menudo sin primos, muchas veces incluso sin padre o madre). La soledad va golpeando cada vez más a los ancianos, llegan a la vejez personas que no llegaron a tener pareja estable ni hijos.
La tasa de “fragilidad matrimonial” (número de divorcios por cada cien bodas) ha superado el 60% en 13 de los últimos 18 años. Con las pautas de ruptura conyugal que hay, al menos 50% de los matrimonios se acabarían separando. De ellos, un tercio se separa antes de los 20 años de casados y la quinta parte, en los primeros 10 años.
Desde comienzos de los años 80 se han roto unos 3 millones de matrimonios legales, cada uno de ellos con su trauma y sus heridas.Fruto de ello, de 3,5 a 4 millones de niños y jóvenes han sido afectados directamente por la separación de sus padres. Los sociólogos constatan que el divorcio empobrece a los hijos que no viven con sus padres, produce daños afectivos y psicológicos, perjudica al rendimiento académico, baja el futuro éxito profesional.
Hace ya más de 10 años que en España hay más muertes que nacimientos. En el último año, las muertes superan en 100.000 a los nacimientos, pero si medimos sólo a los españoles autóctonos, son 200.000 más fallecimientos que partos.
Los autores del informe ponen la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, obligatoria de 2007 a 2016, "con contenidos y libros de texto con sesgos de valores inaceptables" para muchas familias. También "las diversas leyes LGTBI (autonómicas y la estatal), con una concepción de la sexualidad y sus derivadas sociales impregnada del acientífico y ambiguo concepto de género", que incluyen "contenidos obligatorios de educación sexual y en los conceptos de la ideología de género a niños y adolescentes”.
La presión real de los impuestos sobre las familias es hoy el doble que en 1978. El informe habla de una presión "confiscatoria".
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