El buen gobernante ha de promulgar leyes que busquen y refuercen el bien común

El buen gobernante ha de promulgar leyes que busquen y refuercen el bien común, y ayudar así a que el valor pedagógico de la ley contribuya a la buena formación de la conciencia cívica. Por el contrario, no debe ceder al error, por conveniencia propia, de dar cobertura legal a situaciones y comportamientos  contrarios a la naturaleza humana y a la dignidad de la persona más o menos extendidos, escribe Juan Moya. La legalidad de una ley no es garantía suficiente de su moralidad, de su justicia, de su contribución al bien común. No se deben confundir los simples deseos con los derechos, ni inventar derechos ajenos o contrarios a los verdaderos derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas en 1948.

El buen gobernante debe ser prudente en sus decisiones, pero esa prudencia, bien entendida, no está reñida con la valentía y la altura de miras para elevar el nivel de los valores morales que su pueblo necesita, para hacerlo de verdad más humano, más justo, más solidario, más respetuoso con todas las personas; en definitiva, más libre, es decir, más capaz de amar la verdad y hacer el bien, que eso es la verdadera libertad.