España está entre los que más castigan a las familias con hijos

El informe “Impuestos sobre los salarios 2026” elaborado por la OCDE señala que España está entre los que más castigan a las familias con hijos.Existe una ausencia de ayudas reales a las familias. El salario maternal permanece paralizado y las ventajas fiscales brillan por su ausencia.
El sistema fiscal español castiga el esfuerzo laboral. Actualmente, el 41,4% del coste laboral se destina a impuestos y cotizaciones sociales,  muy por encima de la media de la OCDE, que se sitúa en el 35,1%.
Uno de los factores clave radica en la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF. Cuando los salarios suben para compensar la inflación, los impuestos no se ajustan. Como consecuencia, el trabajador paga más sin ganar poder adquisitivo.
La OCDE no solo describe el problema. También lanza recomendaciones. La organización pide reducir la fiscalidad sobre el trabajo, ya que desincentiva la creación de empleo y dificulta el acceso al mercado laboral.El impacto sobre las familias resulta especialmente grave. España no solo grava más, sino que ofrece menos apoyo. Esta combinación genera un entorno desfavorable para la natalidad y la estabilidad familiar. Las familias que trabajan y sostienen el sistema reciben el mayor castigo fiscal.Una sociedad necesita un equilibrio entre contribución y recompensa. Cuando el Estado absorbe más de la mitad del esfuerzo, ese equilibrio desaparece. 

El aumento de las familias españolas empobrecidas

El aumento de las familias españolas empobrecidas refleja una realidad que cada vez más hogares viven en silencio. El último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que millones de ciudadanos afrontan dificultades para pagar gastos básicos. El estudio, basado en una encuesta a 3.907 hogares entre 25 y 79 años, muestra un dato alarmante; casi la mitad de los hogares no puede asumir el coste del coche, el 40% tiene problemas para comprar carne o pescado y un 33% no logra pagar la calefacción. Esta situación describe un país donde el poder adquisitivo se debilita mientras los gastos esenciales aumentan.

Según el estudio, el 49% de los hogares tiene dificultades para pagar tratamientos dentales; el 45% afronta problemas para costear gafas o audífonos y el 41% encuentra obstáculos para pagar atención psicológica o salud mental. El 42% de los hogares reconoce dificultades para pagar la hipoteca. Además, el informe señala que el 61% de las familias tiene problemas para ahorrar y el 59% no puede financiar vacaciones.
Ante este escenario, la OCU plantea varias medidas para aliviar la presión económica sobre los hogares.Entre sus propuestas destacan eliminar el IVA en alimentos esenciales como carne y pescado, que actualmente tienen un impuesto del 10%. Reducir del 4% al 0% el IVA de productos básicos como pan, leche o arroz. El objetivo consiste en contener el impacto de la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias.

La deuda pública es un instrumento de esclavitud

"La deuda pública es un instrumento de esclavitud, no de crecimiento. Es una excusa para seguir subiendo los impuestos y erosionando el poder adquisitivo de la moneda; una gigantesca transferencia de riqueza de los sectores productivos y las familias a la clase política.El truco es el siguiente. Dicen que hay déficit y, por lo tanto, hay que subir los impuestos. Si suben los ingresos con el ciclo, gastan mucho más y si no aumentan los ingresos, suben más los impuestos. Posteriormente, el déficit se mantiene, sigue aumentando la deuda y siguen culpando al que produce riqueza."

"El PIB es un agregado económico que se puede dopar con facilidad utilizando mucha más deuda y gasto público. Lo mismo ocurre con el empleo, que refleja una supuesta fortaleza inexistente al incluir récords de pluriempleo y de contratación de funcionarios pagados con deuda. Pero esto sale muy caro a medio plazo", escribe el profesor y gestor de fondos de inversión Daniel Lacalle.

Los españoles sufren a diario la pérdida de poder adquisitivo

Según el informe “La economía real: qué está pasando con la renta familiar”, elaborado por los Gestores Administrativos, las familias españolas destinan ya el 45% de sus rentas al pago de impuestos, cinco puntos más que cuando España entró en la moneda única.Los españoles sufren a diario la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la presión fiscal y una dependencia cada vez mayor del Estado. En palabras del economista Javier Santacruz, la renta familiar en España apenas alcanza el 88% de la media europea, situándose por debajo del nivel de convergencia de 1999. Santacruz advierte que “la renta familiar ha incrementado su dependencia del Estado, en detrimento de los salarios y las rentas del ahorro”. Mientras los salarios y las rentas reales han crecido un 3,9% de media anual entre 1999 y 2024, las transferencias públicas lo han hecho un 4,85% y los impuestos directos un 4,43%. Como consecuencia, “la dependencia del Estado ha crecido un 26,3%”, alimentando un sistema donde cada vez es más difícil prosperar sin la tutela estatal.
El informe denuncia que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en España se sostiene artificialmente gracias al consumo público y el turismo, sectores que no se traducen en mejoras reales para las economías domésticas. La conclusión es que España ha dejado de ser una nación productiva para convertirse en un país de servicios, dependiente del turismo y el gasto público.El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, manifiesta que “España necesita reformas estructurales que permitan una recuperación real de la renta familiar y una convergencia efectiva con Europa”.

El tamaño de un gobierno debe tener el nivel adecuado para atender la infraestructura pública

Warren Mosler

Warren Mosler dice que lo primero que se debería hacer es establecer el tamaño del gobierno en el nivel adecuado para atender la infraestructura pública, basado en beneficios y costes reales. El sistema monetario será entonces la herramienta que utilicemos para lograr nuestros objetivos económicos y políticos, y no la fuente de información para establecer cuales serían esos objetivos. Entonces, después de decidir lo que tenemos que gastar para tener un gobierno con el tamaño adecuado, ajustaríamos los impuestos para que todos tuviésemos suficiente poder adquisitivo para comprar lo que está todavía a la venta en los grandes almacenes, después de que el gobierno terminase de hacer sus compras. Esperaría que los impuestos fuesen un poco más bajos que el gasto público. De hecho, un déficit presupuestario en torno al 5% de nuestro producto interior bruto podría llegar a ser la norma. Sin embargo, ese porcentaje en si mismo no tiene ninguna consecuencia económica en particular y podría ser mucho mayor o mucho menor, dependiendo de las circunstancias. Lo que importa es que el propósito de los impuestos debería ser equilibrar la economía y asegurarse de que no esté sobrecalentada ni demasiado fría. Y que el gasto del gobierno federal se fije en la cantidad correcta, en función del tamaño y alcance del gobierno que queremos. Eso significa que no deberíamos aumentar el tamaño del gobierno para ayudar a salir a la economía de una desaceleración. Ya deberíamos tener el tamaño adecuado de gobierno y, por lo tanto, no necesitaríamos ampliarlo cada vez que la economía se desacelera. Así, aunque el aumento del gasto del gobierno durante una desaceleración hace que la economía se reactive y termine la recesión, eso es mucho menos deseable que lograr lo mismo con los suficientes recortes de impuestos para restaurar el gasto del sector privado a los niveles deseados. Peor aún es aumentar el tamaño del gobierno solo porque el gobierno tiene superávit. La finanzas públicas no indican qué tamaño debe tener el gobierno. La cuantía optima de los gastos del gobierno no tiene nada que ver con los ingresos fiscales o la capacidad de endeudarse, ya que ambos son solo herramientas para la actuación política en favor del bien público y no razones para gastar o no gastar ni fuentes de ingresos necesarias para que tenga lugar el gasto público.

Tendremos que acostumbrarnos a vivir con la crisis

El gobierno español anunciando mas impuestos

Los despidos privan a las familias del necesario poder adquisitivo, agotan sus ahorros y disminuyen sus niveles de consumo, lo que, a su vez, se refleja en el comercio y la producción generales. Esto abre la puerta al estancamiento, la más temida faceta de la crisis económica, ya que entonces el Estado y el Gobierno, lejos de reducir la fricción existente, presionan en la dirección contraria incrementando los impuestos, lo que no hace sino empeorar la situación. Se ha terminado la era de las coyunturas desfavorables, que podían resolverse en un periodo más o menos breve.

Escribe el sociólogo italiano Carlo Bordoni que “debemos aprender a vivir con la crisis, igual que nos resignamos a vivir con tantas adversidades endémicas que nos han venido impuestas por la evolución de los tiempos: la contaminación, el ruido, la corrupción y, por encima de todo, el miedo (el sentimiento más antiguo del mundo, que nos acompaña a lo largo de una realidad marcada por la inseguridad). Tendremos que acostumbrarnos a vivir con la crisis, porque la crisis ha venido para quedarse”.

Fuerza de trabajo

Para el filósofo Karl Polanyi “permitir que el mecanismo del mercado dirija por su propia cuenta y decida la suerte de los seres humanos y de su medio natural, e incluso que de hecho decida acerca del nivel y de la utilización del poder adquisitivo, conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad. Y esto es así porque la pretendida mercancía denominada “fuerza de trabajo” no puede ser zarandeada, utilizada sin ton ni son, o incluso ser inutilizada, sin que se vean inevitablemente afectados los individuos humanos portadores de esta mercancía peculiar. Al disponer de la fuerza de trabajo de un hombre, el sistema pretende disponer de la entidad física, psicológica y moral humana que está ligada a esta fuerza. Desprovistos de la protectora cobertura de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían, al ser abandonados en la sociedad. Morirían convirtiéndose en víctimas de una desorganización social aguda, serían eliminados por el vicio, la perversión, el crimen y la inanición. La naturaleza se vería reducida a sus elementos, el entorno natural y los paisajes serían saqueados, los ríos polucionados, la seguridad militar comprometida, el poder de producir alimentos y materias primas destruido. Y, para terminar, la administración del poder adquisitivo por el mercado sometería a las empresas comerciales a liquidaciones periódicas, pues la alternancia de la penuria y de la superabundancia de dinero se mostraría tan desastrosa para el comercio como lo fueron las inundaciones y los períodos de sequía para la sociedad primitiva”.

El déficit comercial es una bendición para los EE.UU.

El déficit comercial no es una cuestión de que los EE.UU. dependan de los préstamos del exterior, como los expertos proclaman a diario, sino un caso de inversionistas extranjeros que desean mantener activos financieros de Estados Unidos, escribe el economista estadounidense Warren Mosler. Para conseguir sus deseados ahorros, los extranjeros compiten vigorosamente en los mercados estadounidenses vendiendo a los precios más bajos posibles. Ellos llegan tan lejos como a forzar a la baja sus propios salarios y el consumo interno en su impulso por la competitividad, todo a nuestro favor. Si pierden su deseo de mantener dólares, los gastaran aquí o no nos venderán sus productos, en cuyo caso esto significará una posición comercial equilibrada. Si bien este proceso podría significar un ajuste en los mercados de moneda extranjera, no provoca una crisis financiera de los EE.UU. 

Warren Mosler

El déficit comercial es una bendición para los EE.UU. No tiene por qué existir un problema de puestos de trabajo asociado a ello. Añade Warren Mosler que una apropiada política fiscal siempre tiene como resultado que los estadounidenses sigan teniendo suficiente poder adquisitivo para comprar tanto toda nuestra producción y todo lo que el sector exterior desee vendernos. La política fiscal correcta trabaja para optimizar nuestra producción, el empleo y el nivel de vida, cualquiera que sea el tamaño de la brecha. 

Permitir que el mercado decida la suerte de los seres humanos conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad

La economía de mercado supone un sistema autorregulador de mercados. Para emplear términos un poco más técnicos, se trata de una economía gobernada por los precios del mercado y únicamente por ellos. Sólo en este sentido se puede decir que un sistema de este tipo, capaz de organizar la totalidad de la vida económica sin ayuda o intervención exterior, es autorregulador. No se debe permitir nada que obstaculice la formación de los mercados, y no hay que permitir que los ingresos se formen más que a través de la venta. Asimismo, el ajuste de los precios a los cambios de la situación del mercado no debe ser objeto de ninguna intervención, trátese de precios relativos a bienes, trabajo, tierra o dinero.

Fuerza de trabajo

El filosofo Karl Polanyi opina que “permitir que el mecanismo del mercado dirija por su propia cuenta y decida la suerte de los seres humanos y de su medio natural, e incluso que de hecho decida acerca del nivel y de la utilización del poder adquisitivo, conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad. Y esto es así porque la pretendida mercancía denominada “fuerza de trabajo” no puede ser zarandeada, utilizada sin ton ni son, o incluso ser inutilizada, sin que se vean inevitablemente afectados los individuos humanos portadores de esta mercancía peculiar. Al disponer de la fuerza de trabajo de un hombre, el sistema pretende disponer de la entidad física, psicológica y moral humana que está ligada a esta fuerza. Desprovistos de la protectora cobertura de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían, al ser abandonados en la sociedad; morirían convirtiéndose en víctimas de una desorganización social aguda, serían eliminados por el vicio, la perversión, el crimen y la inanición. La naturaleza se vería reducida a sus elementos, el entorno natural y los paisajes serían saqueados, los ríos polucionados, la seguridad militar comprometida, el poder de producir alimentos y materias primas destruido. Y, para terminar, la administración del poder adquisitivo por el mercado sometería a las empresas comerciales a liquidaciones periódicas, pues la alternancia de la penuria y de la superabundancia de dinero se mostraría tan desastrosa para el comercio como lo fueron las inundaciones y los períodos de sequía para la sociedad primitiva”.

Gracias a los “chalecos amarillos” los franceses vivirán un poco mejor.

Macron en contestación a los “chalecos amarillos” ha presentado unas cuantas medidas con intención de frenar las movilizaciones. Comunicó que se va elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 100 euros al mes a partir de enero de 2019, en estos momentos es de 1.498 euros brutos y anunció la intención de que las horas extra estén libres de impuestos y cargas, y mostró su intención de pedir a los empresarios que puedan que las paguen a sus trabajadores una prima a final de año, que también estaría exenta de impuestos y cargas. Ha establecido una rebaja de impuestos para los jubilados, se va a eliminar el aumento de una tasa proporcional para aquellos que tienen una pensión inferior a los 2.000 euros al mes.

El Presidente francés ha descartado reinstaurar el impuesto a los más ricos en Francia, para aquellos que tengan un patrimonio superior a los 1.3 millones de euros.

Las reivindicaciones de los “chalecos amarillos” son fundamentalmente dos temas, evitar el aumento de precio de los combustibles a principios del año 2019, algo que el Gobierno de Macron ya ha congelado, y defender el poder adquisitivo de los franceses.

Los españoles son más pobres.

Según informa “El Confidencial” el español medio tiene menos poder adquisitivo que antes de la crisis. Dicho de forma más directa, somos más pobres. Por lo menos en lo que respecta a su factura energética, un gasto inevitable sobre un bien de primera necesidad. Las familias españolas tienen que rascarse mucho más el bolsillo ahora para pagar sus facturas de luz , gas natural y carburantes que hace una década, pese a que ganan menos.

Los datos oficiales revelan que los ingresos de los hogares medios han descendido un 1,2% desde 2008 hasta terminar 2016. En ese periodo, el precio de la electricidad para las familias comunes ha subido un 46,69%, el gas natural  se ha elevado un 31,24%, la gasolina  ha repuntado un 39,54% y el gasóleo se ha alzado un 22,42%.

La destrucción de empleo que provocó la crisis dejó un mercado laboral en España arrasado, donde la demanda era, y sigue siendo, muy inferior a la oferta, por lo que la situación estructural se convirtió en terreno abonado para la caída de salarios. Pese a que los últimos guarismos reflejan una mejora, las subidas salariales que reclaman sindicatos y determinados partidos políticos no acaban de llegar. La competitividad adquirida vía salarios se ve cuestionada si los precios de la energía, otro de los factores determinantes a la hora de competir, se han acelerado como lo han hecho.