El Gobierno de la regencia de María Cristina, presionado por las circunstancias, optó, en octubre de 1.835, por decretar una vez más la expulsión de los jesuitas y tomó la iniciativa de iniciar una drástica desamortización de los bienes eclesiásticos.
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| Juan Álvarez Mendizábal |
El ministro de Hacienda, el gaditano Juan Álvarez Mendizábal, fue quien promovió los decretos del 19 de febrero de 1.836 y del 2 de septiembre de 1.841, a tenor de los cuales pasaron a subasta pública la mayor parte de los bienes pertenecientes a las órdenes religiosas y al clero secular. Los principales beneficiados de la operación fueron, en este caso, los terratenientes y la burguesía. La subida al poder de los moderados en 1.844, ya en la mayoría de edad de Isabel II, comportó la suspensión de la venta de los bienes de las parroquias y de las comunidades religiosas y el inicio de negociaciones con el Vaticano. El resultado fue un concordato, firmado en 1.851, que restablecía una relación de privilegio con la Iglesia a cambio de que la Santa Sede aceptara oficialmente las alienaciones de bienes que se hubieran ejecutado hasta la fecha.
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| Isabel II.Niña |
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| Pascual Madoz |
En el marco de las relaciones entre Estado e Iglesia cabe subrayar que la liberación de bienes eclesiásticos quedó bloqueada y no se reactivó hasta el triunfo de los progresistas en 1.855, cuando el nuevo ministro de Hacienda, Pascual Madoz, puso nuevamente los bienes a subasta. El contexto y la forma de proceder en la nueva etapa desamortizadora beneficiaron, en esta ocasión, a muchos pequeños propietarios rurales.
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