Los políticos no son trabajadores ni empresarios por una razón fundamental, no arriesgan su capital sino el dinero de los contribuyentes. Si su empresa va mal porque toman decisiones estúpidas o corren riesgos absurdos, los que pagamos somos los ciudadanos.
Existe la experiencia de las Cajas de Ahorro que han estado estos últimos años en manos de políticos. Empresas centenarias que han sido llevadas a la ruina y rescatadas aportando millones de euros.
Las sociedades estatales implican un control por parte de políticos y funcionarios que toman decisiones y corren riesgos con dinero de los ciudadanos y si les va mal no son responsables ante nadie y en algunos casos, mas frecuentes de lo que suponemos, se van a sus casas después de cobrar importantes indemnizaciones de la empresa que han arruinado.
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