Sin derechos sociales un inmenso número de personas hallará que sus derechos políticos son de escasa utilidad

Un Estado político que rehusa ser un Estado social puede ofrecer poco y nada para rescatar a los individuos de la indolencia o la impotencia. Sin derechos sociales para todos, un inmenso y sin duda creciente número de personas hallará que sus derechos políticos son de escasa utilidad o indignos de su atención. Si los derechos políticos son necesarios para establecer los derechos sociales, los derechos sociales son indispensables para que los derechos políticos sean reales y se mantengan vigentes. Ambas clases de derechos se necesitan mutuamente para su supervivencia, y esa supervivencia sólo puede emanar de su realización conjunta, escribe el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman.

Y añade Zygmunt Bauman que la  introducción del Estado social fue por cierto una cuestión más allá de la izquierda y la derecha; en estos tiempos, sin embargo, lo que está pasando a ser una cuestión más allá de la izquierda y la derecha es la limitación y el desmembramiento gradual de los recursos estatales para el bienestar. Si el Estado de bienestar hoy carece de fondos suficientes, si se está desmoronando o incluso se lo desmantela de forma activa, es porque la fuente de las ganancias capitalistas se ha desplazado o ha sido desplazada desde la explotación de la mano de obra fabril hacia la explotación de los consumidores. Y porque los pobres, desprovistos de los recursos necesarios para responder a las seducciones de los mercados de consumo, necesitan papel moneda y cuentas de crédito (servicios que no proporciona el Estado de bienestar) para ser útiles tal como el capital del consumo entiende la utilidad. Más que ninguna otra cosa, el Estado de bienestar fue un proyecto creado y fomentado precisamente para evitar el actual impulso privatizador; es decir, para frenar el impulso que ocasiona el debilitamiento y la destrucción del entramado de lazos humanos, socavando así los cimientos sociales de la solidaridad humana. La privatización traslada la monumental tarea de lidiar con los problemas socialmente causados hacia los hombros de mujeres y hombres individuales, quienes en su mayoría están lejos de contar con los recursos suficientes para tal propósito; en contraste, el Estado  de bienestar apunta a unir a sus miembros en el intento de proteger a todos y cada uno de ellos de la cruel, competitiva y moralmente devastadora “guerra de todos contra todos”.