La influencia de la cultura popular surcoreana y los estándares de vida es una amenaza para el sistema norcoreano

En los últimos 10 años,  Corea del Norte ha llevado a cabo al menos 27 ejecuciones públicas. El dato se desprende de un informe publicado por la ONG surcoreana Transitional Justice Working Group (TJWG), que traza un mapa de los asesinatos ocurridos bajo el régimen de Kim Jong-un. La organización humanitaria entrevistó a 683 refugiados norcoreanos que llegaron al Sur entre 1990 y 2019. Según sus testimonios, desde 2011 hasta 2018, siete personas fueron ejecutadas por ver o distribuir vídeos surcoreanos, cinco por delitos de drogas, otras cinco por prostitución, cuatro por tráfico de personas, tres por homicidio o intento de homicidio y tres por actos obscenos. Según el informe, un pelotón ejecutó la mayoría de las sentencias de muerte, con tres soldados que dispararon tres veces cada uno a los prisioneros.

"Pyongyang considera que la influencia de la cultura popular surcoreana y su representación de estándares de vida más elevados es una amenaza existencial para el sistema norcoreano", comenta Kevin Gray, profesor de la Universidad de Sussex. En consecuencia, el consumo de los medios de comunicación surcoreanos "puede poner a prueba los fundamentos del régimen”. Un notable cambio bajo el régimen de Kim Jong-un, continúa el informe de TJWG, es el creciente uso de los indultos: "De 2012 a 2015, algunos testigos indicaron que Kim trató de crear una imagen pública de líder benévolo a través de la concesión de indultos", afirma el documento. En los últimos años, Pyongyang ha puesto fin a las ejecuciones en sus fronteras y en instalaciones detectables por los satélites. Esto no quiere decir que no se hayan producido ejecuciones desde 2018, al contrario, los analistas coinciden en que el número de asesinatos podría ser mucho mayor. "Los resultados sugieren que el régimen de Kim Jong-un está prestando más atención a la creciente vigilancia internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país", dice el investigador de TJWG Pak Ahyeong."Pero esto no implica un mejoramiento de la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Las ejecuciones privadas deben ser monitoreadas de cerca".