Cuba se está preparando para aumentar la persecución contra opositores y desafectos al régimen sin que hayan cometido ningún delito, ha denunciado la organización Prisoners Defenders. “En estos meses hemos sido informados de que jueces y fiscales han recibido cursos de urgencia para alentar e impulsar esas condenas”, asegura Larrondo,presidente de Prisoners Defenders. Las denuncias se vieron confirmadas cuando “el 20 de mayo salió un artículo en Granma argumentando que hay que potenciar esas condenas y que las personas que actúan en contra de las advertencias de las autoridades tienen que ser castigadas”. El artículo se titulaba “Ante el delito de desobediencia no puede existir impunidad”. El presidente de la entidad ve en este anuncio público la intención, por un lado, de que “jueces y fiscales sean conscientes de que es una política estatal al máximo nivel. Todo lo que sale en el Granma está aprobado por Raúl Castro”. Además, buscan “advertir a la población e instruirles o adoctrinarles de que ese delito es muy grave”.
Antes de que el 1 de diciembre entrara en vigor el nuevo Código Penal, permanecían en la cárcel unas 11.000, en su mayoría jóvenes afrocubanos que no pertenecían a organizaciones opositoras y no habían cometido ningún delito ni siquiera en grado de tentativa. Así lo denunció Prisoners Defenders en 2020 con datos extraídos de informes obtenidos del Ministerio del Interior. Las penas medias eran de dos años y diez meses, por lo que la entidad calculó que se producían unas 3.850 nuevas condenas anuales. Se consideraba que podían tener tendencia a cometer delitos en el futuro “por la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”.
Ante el hastío actual en la sociedad cubana, “el régimen está teniendo que usar la represión como nunca en décadas contra el pueblo, sin miramientos”, señala la organización. “Ha llegado a la conclusión de que necesita controlar a las masas aplicando muchas más condenas precriminales que antes”.
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