En toda comunidad los grupos sociales dominantes que controlan los mecanismos del poder han utilizado la sanción jurídica como un arma garantizadora del respeto al orden por ellos impuesto; en tal sentido, la represión se gradúa y alcanza intensidades variables, proporcionadas a la gravedad que, en cada momento, se atribuya a las infracciones, hasta llegar al límite extremo, a la eliminación física del individuo insolidario, cuando con su comportamiento pone en peligro la estabilidad del grupo, o ataca abiertamente a los fundamentos sobre los que descansa la convivencia, escribe Enrique Gacto en su libro La pena de muerte.
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