El Estado, un parásito que exige más y más y da cada vez menos a cambio

Si el poder está administrado por los mercados, por los grupos financieros, por fuerzas supranacionales que se sustraen a todo control democrático, entonces la política es un as unto tenso y controvertido. Adopta múltiples rostros, está la política de la Unión Europea, condicionada por los Estados más fuertes y por los mercados (capaces de impulsar "su" política mediante lobbies); está la política de los Estados-Nación, desprovista de poder, pero perfectamente autorreferencial y autoperpetuadora; está también una política local que tiene un poder limitado y reducido para gestionar la situación existente, sin oportunidad alguna de intervenir en la impenetrabilidad de la “gobernanza”. Todo ello sin olvidar una extensa gama de casos de políticas sin poder y de poder sin políticas, aplicados en organizaciones, instituciones y servicios dotados de una autonomía en mutuo conflicto. No se trata de una adaptación a unas condiciones de crisis ni de una elección ideológica, sino de un cambio en la naturaleza misma de la política, afirma Zygmunt Bauman.

Estado parásito

Wendy Brown sostiene que el neoliberalismo, en contraste con el liberalismo clásico, tiende a empoderar a los ciudadanos convirtiéndolos en emprendedores de sí mismos y, por consiguiente, facilita el afianzamiento de una inaudita ética del “cálculo económico” en el terreno de las actividades de interés y beneficio públicos que el Estado solía garantizar hasta hace poco.La práctica del neoliberalismo, pues, somete las funciones sociales del Estado al cálculo económico; una práctica inusual, que ha introducido en los servicios públicos los criterios de la viabilidad, como si fueran empresas privadas. Esos criterios regulan ahora los ámbitos de la educación, la sanidad, la protección social, el empleo, la investigación científica, el servicio público y la seguridad, conforme a un perfil económico. El neoliberalismo, por lo tanto, elimina la responsabilidad del Estado, le hace renunciar a sus prerrogativas tradicionales e impulsa la paulatina privatización de estas. La pérdida de poder desemboca en un socavamiento de la potencia de la política económica, lo que se refleja a su vez en los servicios sociales. La crisis del Estado se debe a la presencia de esos dos elementos: la incapacidad para tomar decisiones concretas en el plano económico y la consiguiente incapacidad para procurar servicios sociales adecuados. El resultado de lo anterior es el ajuste fiscal, pues se recurre a la “desregulación” y a la “devolución” de prerrogativas institucionales que se delegan cada vez más en los propios individuos; todo ello con el propósito de asegurar la existencia y el mantenimiento del aparato estatal y sus privilegios, que son cada vez menos. Llegado a esta fase, el Estado está en crisis y, lejos de ser un proveedor y un garante del bienestar público, se convierte en “un parásito” de la población, preocupado únicamente por su propia supervivencia. Un parásito que exige más y más y da cada vez menos a cambio.