El caso de un hombre que fue puesto bajo arresto domiciliario y luego encerrado en prisión por haber criticado en una entrevista televisiva el trabajo del gobierno y del partido mayoritario AKP en el plano económico, arroja una sombra oscura en Turquía. El diputado de la oposición Kaçmaz explicó que “después de expresar dudas legítimas sobre la política del gobierno en la entrevista, la policía detuvo al hombre de 49 años y lo puso bajo custodia. Tras un procedimiento inicial, fue condenado a arresto domiciliario. Por criticar por segunda vez al gobierno, lo detuvieron” y lo llevaron a la cárcel. El caso, prosigue el diputado, es una flagrante violación del artículo 26 de la Constitución, que establece que toda persona tiene "derecho a expresar y difundir sus ideas por medio de discursos, escritos o representaciones" sin convertirse en blanco de las autoridades.
Se calcula que en los últimos tiempos los magistrados turcos han investigado hasta 100.000 ciudadanos por presuntas críticas al presidente Erdogan y al gobierno, de los cuales más de 30 mil terminaron en juicio. La detención de abogados, activistas, presuntos “gulenistas” y ciudadanos comunes no es un hecho raro actualmente en Turquía.
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