El derecho al olvido

Eliminar datos personales de internet y minimizar nuestra huella digital es posible gracias al derecho de supresión,conocido como derecho al olvido. El derecho al olvido fue reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en mayo de 2014, en la sentencia que dictó a favor del español  Mario Costeja González, respaldado por la Agencia de Protección de Datos española (AEPD). En el año 2016, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que ampara a los ciudadanos en cuanto a la tutela y libre circulación de sus datos personales. Esta regulación recoge el “derecho de supresión” o “derecho de olvido” en su artículo 17 y también forzó la actualización del marco jurídico al respecto en países como España, que en 2018 puso en marcha la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Según la AEPD, el “derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. Incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información)”. La normativa de protección de datos establece que para ejercer el derecho al olvido es imprescindible que el ciudadano se dirija en primer lugar a la entidad que está tratando sus datos. El derecho al olvido también se puede ejercer para reclamar la eliminación de información publicada sobre nosotros en otros perfiles, ya sea por falta de veracidad o porque afectan a nuestra imagen. En este caso, podemos pedir a los administradores de las redes sociales que eliminen esta información, mediante los mecanismos que facilitan para ello, o recurrir a los denominados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), regulados por la LOPDGDD.