El latinoamericano está convencido de que la inversión extranjera es perjudicial.

Sobre el latinoamericano pesa, como una lápida, una vieja tradición que lo lleva a esperarlo todo de una persona, institución o mito, poderoso y superior, ante el que abdica de su responsabilidad civil. Esa vieja función dominadora la cumplieron en el pasado los bárbaros emperadores y los dioses incas, mayas o aztecas y, más tarde, el monarca español o la Iglesia virreinal y los caudillos carismáticos y sangrientos del XIX. Hoy, quien la cumple es el Estado. Esos Estados a quienes los humildes campesinos de los Andes llaman “el señor gobierno”, fórmula inequívocamente colonial, cuya estructura, tamaño y relación con la sociedad civil me parece ser la causa primordial del subdesarrollo económico, y del desfase que existe entre él y nuestra modernización política, dice Mario Vargas Llosa. Sin el terreno abonado por la tradición centralista, en América

Latina no hubiera echado raíces tan pronto, ni se hubiera extendido tan rápidamente hasta contaminar con sus tesis a tantos partidos políticos, instituciones y personas, esa corriente de pensamiento, keynesiana en apariencia y socialista en esencia, según la cual solo la hegemonía del Estado es capaz de asegurar un rápido desarrollo económico. Desde mediados de los años cincuenta, esta filosofía decimonónica comenzó a propagarse por el continente, maquillada por caudalosos sociólogos, economistas y politólogos que la llamaban la “teoría de la dependencia” y hacían de la sustitución de importaciones el primer objetivo de toda política progresista para un país de la región. El ilustre nombre de Raúl Prebisch la amparó; la CEPAL la convirtió en dogma y ejércitos de intelectuales se encargaron de entronizarla en universidades, academias, administraciones públicas, medios de comunicación, ejércitos y hasta en los repliegues recónditos de la psique de América Latina.

Por lo general, añade Vargas Llosa, el latinoamericano

 Raúl Prebisch

promedio está convencido de que la inversión extranjera es perjudicial, enemiga de nuestros intereses, y de que lo ideal es que nuestros países, para no ser sometidos y explotados, prescindan de ella. La famosa defensa de la “soberanía nacional” no solo ha dificultado o impedido la atracción hacia América Latina de la tecnología y los capitales necesarios para el aprovechamiento de nuestros recursos. Además, ha sido el motivo secreto de que todos los intentos de integración regional de nuestras economías hayan fracasado o languidezcan dentro de una mediocre supervivencia.