España como sociedad de clases medias.

La confirmación de España como una sociedad de clases medias tiene un pasado complejo, pero sobre todo un futuro cada vez más incierto. Arranca de los últimos 15 años del franquismo, la década larga del desarrollismo (1959-1973), un periodo en el que la economía del país creció a un ritmo por encima del 7% anual. Empujado por el rápido crecimiento económico, el país abandonó su pasado rural, para convertirse en una potencia industrial. España se incorporó al grupo de las sociedades fuertemente urbanizadas, llamadas entonces de capitalismo avanzado, caracterizadas por la democratización relativa del consumo de masas y la expansión de las clases medias. La industrialización y la rápida urbanización fueron los principales logros del último franquismo, escribe el historiador Rodriguez López.

Entre 1995 y 2007, periodo en el que la economía española creció en un 60% y se apuntaron más de siete millones de nuevos puestos de trabajo, los salarios permanecieron estancados, o incluso decrecieron en varios puntos porcentuales en el sector privado. El proceso de deterioro del mercado laboral ya no se detenía en la enorme masa de

empleos infrarremunerados y altamente precarizados que generaba la nueva especialización turístico-finaciero-inmobiliaria de la economía española. La precariedad se extendía, por primera vez, al propio corazón de las clases medias, a los empleos profesionales. Las prácticas de subcontratación, los falsos autónomos, la privatización o externalización de servicios públicos, afectaban a las generaciones más jóvenes que se incorporaron al trabajo asalariado en aquellos años. Tres décadas de expansión de la educación universitaria acabaron por profundizar una crisis que venía de largo, y que tenía que ver con la devaluación de los títulos educativos. Antes por tanto de la crisis de 2007, dice Rodriguez, había empezado a descomponerse uno de los mecanismos tradicionales de reproducción de las clases medias, atenazadas en sus segmentos más jóvenes por la precarización de las profesiones liberales, la devaluación de las credenciales educativas y el deterioro generalizado de los salarios.

A partir de 2007, con la disminución de los precios de la vivienda se produjo una disminución neta del valor de los patrimonios familiares. El crédito hipotecario, que se había multiplicado por once entre 1997 y 2007, empezó a pesar sobre el balance de unas economías domésticas, que observaban como su patrimonio y su renta salarial se disipaban a gran velocidad.