A simple vista, una constitución es un documento relativamente sencillo, con un propósito visiblemente claro y práctico. La mayoría de las palabras de casi todas las constituciones se dedican a describir cómo se establecerá y funcionará el sistema político; los procedimientos que hay que seguir para tomar decisiones; la distribución del poder entre los diferentes organismos del Estado; los límites a la autoridad de la que gozan los funcionarios del gobierno; los medios utilizados para seleccionar o elegir a esos cargos, etc. Sin embargo, también en una constitución hay algo más que no se ve, un significado oculto bajo la superficie del texto. Porque la intención de una constitución es imponer normas y reglas a aquellos que gobiernan, limitar el poder de los gobernantes y, al hacerlo, dárselo a los gobernados. Atar las manos de los que poseen la autoridad supone, necesariamente, aumentar la libertad de aquellos sobre los que se ejerce esa autoridad.
En nuestra Constitución se ha adoptado un sistema de control judicial al que, en principio, cabría calificar como de jurisdicción concentrada, ya que se crea un tribunal especial para ejercitarlo(el Tribunal Constitucional). No obstante, esa afirmación habría que matizarla, pues lo que se trata de implantar es más bien una especie híbrida en la que se reúnen caracteres propios de cada uno de lo s dos modelos de control judicial existentes en Derecho comparado (el de jurisdicción concentrada y el de jurisdicción difusa) en cuanto que además del Tribunal Constitucional también desempeñarán el control, según el art. 53.2, los tribunales ordinarios.
La Constitución encomienda el ejercicio del control, como antes se ha dicho, al Tribunal Constitucional (art. 161) y también a los tribunales ordinarios (art. 53.2).
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