Destrucción de iglesias cristianas en China

Demolición de iglesias en China

En el año 2022, se ha multiplicado la destrucción de iglesias cristianas en China por órdenes de los funcionarios del Partido Comunista.En agosto de 2022, la iglesia de Beihan, de estilo gótico, en la diócesis católica de Taiyuan, fue derribada en una operación espectacular, que implicó la demolición con explosivos de su campanario de cuarenta metros de altura.En junio de 2022, después de que el obispo Dong Baolu se negara a unirse al sistema de control impuesto por la Asociación Patriótica Católica, su iglesia en la ciudad de Shijiazhuang, provincia de Hebei, fue demolida por funcionarios del Partido.El informe señala que a lo largo de 2022 se han demolido iglesias y centros de culto cristianos, incluidos católicos, en Dalian, Jiangxi, Tongguan, Shaanxi y otras provincias.

ChinaAid también acusa a los funcionarios de “fabricar cargos criminales para detener, arrestar y sentenciar a líderes y creyentes laicos”, en su esfuerzo por reprimir el cristianismo. “Los gobiernos provinciales y locales detuvieron arbitrariamente a líderes cristianos chinos y a creyentes de toda China. Las autoridades penitenciarias negaron a muchos de estos presos las visitas de su abogado o el contacto con su familia”, denuncia el informe. Al parecer, a los presos se les negó tratamiento médico y recibieron “duras condenas desproporcionadas a su presunto delito”. Otros prisioneros cristianos fueron detenidos durante largos periodos antes de sus juicios, o sus casos fueron aplazados en repetidas ocasiones. Otra acusación alarmante expuesta en el informe es la desaparición forzada de obispos católicos, sacerdotes y laicos. El informe enumera las desapariciones inexplicables del obispo Joseph Zhang Weizhu de la diócesis de Xinxiang, del obispo Shao Zhumin de la diócesis de Wenzhou, del obispo Dong Baolu de la iglesia clandestina de la ciudad de Shijiazhuang y de diez sacerdotes de la diócesis de Baoding. Los funcionarios del Partido también han utilizado redadas, multas, acoso y denegación de derechos para imponer su control o reprimir a comunidades cristianas. Los funcionarios se han dedicado a interrumpir los servicios de culto, los bautismos, las peregrinaciones e incluso las celebraciones litúrgicas transmitidas por Internet para intimidar a los cristianos.