Los partidos políticos han hecho suya eficazmente la idea de proteger a los excluidos, pero siguen considerándolos sólo eso excluidos de la norma.Hay que comprender que los hombres y mujeres con empleo precario, los inmigrantes con derechos civiles parciales, los jóvenes sin perspectivas de empleo a largo plazo, los cada vez más numerosos sin techo o sin una vivienda digna, no son problemas marginales que hay que abordar y resolver, sino que representan algo gravemente fundamental. El Estado debe tener un papel a la hora de incorporar las consecuencias sociales del cambio económico, y no sólo el de proporcionar un alivio compensatorio mínimo.
Dado que los gobiernos tienen ahora un margen limitado de iniciativa política en materias fiscales y monetarias, el control o regulación de la producción en todas sus formas modernas no sólo no es deseable sino tampoco posible. Pero esto no significa que haya que privar al Estado de todos sus controles económicos. El Estado no puede dirigir una compañía de automóviles ni inventar microchips, pero sólo él tiene la iniciativa y la capacidad para organizar servicios de salud, educación, transporte y de ocio.
Está en interés de la sociedad que haya un sector productivo privado floreciente, pero éste debería aportar los medios para un próspero sector de servicios públicos en aquellos ámbitos en los que el Estado está en mejores condiciones de ofrecer el servicio o donde la eficiencia económica no sea el criterio más adecuado de éxito.
No puede seguir determinándose, dice el profesor Judt, con teorizaciones ex hypothesi en qué medida debe participar el Estado en la vida de la comunidad. No sabemos qué grado de regulación, propiedad pública o monopolio distributivo es apropiado a nivel general, sólo lo que funciona o hace falta en cada caso.
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