España no ganaba nada cambiando un rey por un presidente de la República

Alfonso XIII

El derrumbamiento de la monarquía fue un golpe duro para la convivencia cívica, y no porque la monarquía parlamentaria disponga de una varita mágica, sino porque España había tenido graves problemas de estabilidad en el siglo anterior y porque, en la década de 1930, se hallaba en medio de una cultura política europea que estaba entrando en crisis, algo que inevitablemente tendría consecuencias negativas para el país. Durante medio siglo, la monarquía había tenido un éxito razonable en su papel de moderador y regulando el acceso al Gobierno, y se había convertido en un símbolo de unidad y continuidad, cualidades que, al desaparecer, no tardarían en conducir al país al desastre. No hay duda de que Alfonso XIII se había desacreditado al consentir la Dictadura, pero habría que preguntarse si un regreso inmediato de las elecciones generales tres meses después de caer el dictador habría permitido el retorno a una monarquía parlamentaria funcional, reformista y democratizadora. España no ganaba nada cambiando un rey por un presidente de la República y los dos jefes de Estado de la República, Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña, fueron más arbitrarios que don Alfonso. Alfonso XIII optó por abandonar el trono para no alentar la confrontación civil. Cinco años después, el presidente de la República no se comportaría del mismo modo.

Pero lo peor fueron el estilo y la esencia de las reformas religiosas de 1931-1933, que se concibieron como una venganza contra los intereses católicos (pese a que la mayoría de los españoles creía más en el catolicismo que en cualquier otra doctrina o credo), lo que dio lugar no solo a la separación en sí de la Iglesia y el Estado, sino a la vulneración de los derechos civiles, institucionales y educativos al instigar una especie de persecución religiosa. Inicialmente, el objetivo era reducir el catolicismo a ritos puramente privados, como antes se había hecho con el protestantismo, pero después, en la primavera de 1936, se dio paso a una persecución violenta, con la clausura de escuelas, la confiscación ilegal de iglesias y otras propiedades, los ataques personales a católicos, la prohibición de celebrar la misa en ciertas áreas y los cada vez más frecuentes incendios de edificios católicos. La idea era seguir las políticas extremistas de las repúblicas de Francia y Portugal para luego pasar a un extremismo superior al del México posrevolucionario, que había conducido a una guerra civil que duró varios años. Por esas razones no se puede concluir que la reforma educativa bajo la República fuera un logro positivo, por más que, con frecuencia, se la haya alabado. La anulación de la libertad de enseñanza constituyó un atroz atropello, un atentado contra la libertad religiosa y, también, contra la cultura misma.
La política fiscal fue ineficaz y los intentos de reforma en ese ámbito fueron muy escasos.

Referencia: En defensa de España del historiador Stanley G. Payne.