España podría incluir próximamente en su Código Penal sanciones específicas contra el proxenetismo y la explotación sexual. Los ministerios de Igualdad y Justicia plantean incluir este punto en la Ley de Libertad Sexual, que se encuentra en fase de anteproyecto, con el objetivo de “acabar con la impunidad de la industria de la explotación sexual que opera actualmente en España”. La medida prevé tipificar como delito en el Código Penal “el proxenetismo” en todas sus formas y permitir castigar a “dueños, gerentes, administradores o encargados de los locales en los que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción”, además de sancionar también a “toda persona que a sabiendas participe en su financiamiento”.
“Aplaudimos esta medida, pero tiene que ir acompañada de otras que sean integrales”, señala la director de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, en referencia a diseñar un plan con recursos y dotación suficiente para las víctimas de explotación sexual y también desarrollar la Ley Integral contra la Trata, contemplada en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. “Si no se acaba con la industria del sexo, no se acaba la trata”, señala Mora apuntando a toda la estructura (como la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne) que sigue organizando y gestionando el negocio de la prostitución en España, que se ha llegado a valorar en unos cinco millones de euros diarios. “Mueven tanto dinero que les cuesta poco urdir estrategias para infringir la ley”, recuerdan desde la organización Mujeres por la Abolición.
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