La Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos sobre Nicaragua manifiesta como ciertas las pruebas de crímenes de lesa humanidad

Daniel Ortega

La Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua ha emitido un informe en el que manifiesta como ciertas las "pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos contra manifestantes y miembros de la oposición”. En su informe, la Comisión concluye que "Nicaragua vive una crítica situación en materia de derechos humanos que requiere la urgente atención de la comunidad interamericana e internacional en su conjunto”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsada de Nicaragua en 2018, ha responsabilizado al Gobierno presidido por José Daniel Ortega Saavedra, por 328 muertos en el marco de la crisis. La oposición eleva la cifra a 651muertos.Ortega ha admitido 200 muertos. 

"La dictadura de Ortega ha violentado todos los derechos humanos en este país como está demostrado en todos los informes nacionales e internacionales” manifiesta Violeta Granera,integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, quien ha vivido de primera mano la represión ejercida por la Policía Nacional.

José Pallaís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, manifiesta que toda la “argumentación de Daniel Ortega evidencia el fracaso de su política, pone en conocimiento de todos los nicaragüenses y la comunidad internacional la frustración del mismo, ya que ha comprobado que toda su argumentación ha sido rechazada por falta de credibilidad en forma absoluta”.

En las denuncias más recientes, la CPDH de Nicaragua ha documentado a través de videos, fotografías y mensajes de texto el testimonio de opositores que han sido objeto del asedio oficialista. Las imágenes muestran mujeres y adolescentes tatuados a la fuerza con las palabra "Plomo" y las siglas "FSLN", y mensajes intimidarios escritos en las casas de algunos de ellos.Varios opositores a Daniel Ortega dicen ser víctimas de seguimientos y vigilancia policial, lo que les impide manifestarse y seguir adelante en sus vidas, sobre todo en el caso de los excarcelados políticos.