Prevenir fugas de los campos, mantener el secreto sobre lo que sucede, crear un sistema de puntaje para los detenidos. Son solo algunas de las líneas guía que el gobierno chino impone a los propios funcionarios empleados en los campos de detención destinados a los uigures. Lo revelan nuevos documentos secretos apenas obtenidos gracias al compromiso del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Desde el punto de vista oficial, para el gobierno chino estos campos no existen, de hecho se trataría de “institutos de formación” creados para “iniciar al trabajo” a los miembros de la etnia. Los uigures, etnia de origen turco que vive en Xinjiang, piden desde hace decenios una mayor autonomía política y económica, pero Beijing los acusa de separatismo y de terrorismo, justificando una política de control militar. En el verano de 2019 surgió un estudio de la BBC que revela que centenares de niños son separados de sus padres en el intento de cancelar sus raíces étnico-religioso.
El documento descubierto por el ICIJ fue redactado en 2017 y está firmado por el entonces vice- secretario del Partido comunistas de la provincia, Zhu Hailun, también jefe de seguridad. Según algunas fuentes, las autoridades habrían encerrado en estos campos a cerca de 1,8 millones de personas, entre uigures y miembros de otras minorías de religión islámica, con la acusación de llevar adelante “una visión religiosa demasiado fuerte” y “políticamente incorrecta”. Según Randall Schriver, jefe de la Oficina asiática en el Departamento de Defensa americano, el número real “se acerca a los 3 millones”.
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