Trucos burdos y eficaces para atacar la democracia constitucional

Atacar la democracia constitucional en nombre de su otra democracia verdadera; pedir permanentemente diálogo, no para dialogar, sino para forzar la asunción de sus postulados anticonstitucionales y, por último, criticar la judicialización de la política. Son trucos burdos y elementales, pero que han demostrado, y están demostrando, una gran eficacia. “No se pueden arreglar los problemas políticos por la vía judicial”, hemos oído mil veces en Euskadi, y oiremos otras mil en Cataluña. Y tienen razón, la Justicia no está para arreglar los problemas políticos, para eso están las instituciones representativas y los partidos políticos. La Justicia está para recuperar la legalidad truncada. La función de los jueces, escribe Andoni Unzalu, es recuperar el imperio de la ley, para que la solución política sea posible; porque sin legalidad, la política, al menos la democrática, desaparece, para caer en el abismo del totalitarismo.

El derecho constitucional europeo reconoce que en todos sus Estados regirán las Constituciones de cada uno de los Estados miembros.

El derecho constitucional europeo reconoce que en todos sus Estados regirán las Constituciones de cada uno de los Estados miembros. España tiene una Constitución que los propios nacionalistas catalanes ayudaron a redactar y que suscribieron como un pacto político para poder existir dentro de España. Una Constitución que fue aprobada en 1978 por referéndum, referéndum en el que también participó el pueblo catalán. Un texto constitucional redactado, entre otros, por Miquel Roca, exsecretario general del CDC e histórico nacionalista catalán. Según esta Constitución no se pueden convocar referéndums o consultas que afecten a la unidad de España. Nuestra Constitución en ese punto es similar a la de Estados Unidos.

En España, según la Constitución, no se puede convocar un referéndum para que los ciudadanos de una nacionalidad o región decidan si quieren constituirse en Estado independiente. No lo puede convocar la comunidad autónoma, pero tampoco el Estado. No es un problema de titularidad de la competencia para convocar tal referéndum, sino de la inconstitucionalidad absoluta de convocarlo. El propio acto de preguntar es anticonstitucional.

España y Cataluña se encuentran en una posición distinta a

la del Reino Unido de Gran Bretaña y Escocia, o Canadá y Quebec. Nadie discute en estos dos países que se puede convocar un referéndum para que los ciudadanos de Escocia o de Quebec puedan decidir si quieren ser independientes o no. Su Constitución se lo permite.