La honorabilidad debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones

El principio de legalidad exige que la actuación de los políticos esté plenamente sometida a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico. Esto incluye la obligación de ejercer sus cargos bajo principios de buen gobierno, transparencia y evitar conflictos de intereses, conforme a los marcos normativos vigentes. 

La actividad política debe regirse por normativas como la Ley de Altos Cargos, que regula las incompatibilidades y exige el ejercicio exclusivo de las funciones para el interés público. Un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. La honorabilidad debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones, por lo que su falta sobrevenida será causa de cese.
El respeto a la legalidad se extiende a los procesos electorales, donde los actores políticos deben acatar la normativa y las decisiones de los órganos judiciales y electorales para preservar el Estado de derecho.