Hay que establecer el equilibrio de poderes y los controles mutuos, a promover una eficaz representación, implantar adecuados mecanismos de selección de los gobernantes, impedir la confusión entre lo público y los intereses privados, eliminar los privilegios, garantizando unas instituciones neutrales, y reinstaurar la independencia de la justicia. Transformaciones que garanticen una actuación pública basada en la igualdad de oportunidades y el trato impersonal, fomentando los descritos valores de honradez, mérito y esfuerzo. La solución pasa por racionalizar el caótico y oneroso sistema autonómico, garantizando que la distribución de competencias responda a criterios de economía y eficacia. Las autonomías deben derogar de una vez esa colosal montaña de leyes, normas y regulaciones que impone enormes trabas a los emprendedores, dificultando la innovación, el comercio interior y la creación de empleo. En definitiva, devolver muchas de sus competencias no ya al Estado, sino a los ciudadanos, para que éstos puedan organizar su vida, libres de esa nefasta y asfixiante fiebre intervencionista.

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