La revista Jara y Sedal, y recoge el diario La Bandera, denuncia una expropiación que afectará a aproximadamente cien agricultores en Andalucía, quienes perderán sus tierras y alrededor de 100.000 olivos que, por generaciones, han representado su sustento en pos del la creación de una gran planta fotovoltaica en terrenos de Jaén y Córdoba. Muchos ven en esta medida una señal de que la Agenda 2030 impone medidas en favor de intereses globales y sin tomar en cuenta las necesidades locales.Para los agricultores, la creación de esta planta fotovoltaica no significa progreso, sino un atentado a su medio de vida y una amenaza a la sostenibilidad del campo andaluz. Los trabajadores del campo se han unido para protestar contra este tipo de megaproyectos, que no solo conllevan la expropiación de sus tierras, sino también la destrucción de olivares que forman parte de la identidad cultural y económica de Andalucía. Este megaproyecto afectará la región de la Campiña Norte, en Jaén y Córdoba, donde se prevé la expropiación de sus tierras y la tala de más de 100.000 olivos, una superficie equivalente a unos 100 campos de fútbol. Además, estos olivares forman parte de una zona que en su momento fue propuesta para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco por su riqueza cultural y natural. La Agenda 2030 con sus objetivos de eliminar el sector primario va en contra de los intereses de las comunidades rurales, comportándose como un vehículo para beneficiar a las grandes multinacionales extranjeras en detrimento del sector primario local. Los agricultores argumentan que estos proyectos están acelerando la desaparición de la agricultura tradicional en España. La construcción de megaplantas fotovoltaicas, como la que se proyecta en Andalucía, sirve como constatación, una vez más, de que las decisiones se toman desde la distancia, obedeciendo a una agenda marcada por intereses globalistas y en perjuicio y detrimento de los intereses locales.
Los agricultores y la Plataforma de la Campiña Norte argumentan que estos proyectos solo benefician a unas pocas empresas de las élites globalistas, mientras destruyen el sustento de decenas de familias que dependen de la agricultura y que son quienes más contribuyen a la economía y la cultura de la región. La empresa Greenalia Solar es la promotora del megaproyecto. Para los agricultores, la instalación de estas plantas significa una catástrofe ambiental y social. La tala de olivos a gran escala no solo implica una pérdida de biodiversidad y de patrimonio cultural, sino que también elimina puestos de trabajo locales y afecta el equilibrio ecológico de la región.
