Las barreras dentro de la UE equivalen a aranceles del 45% sobre los bienes manufacturados y de un 110 % sobre los servicios

Mario Draghi

En un discurso ante el Parlamento Europeo, Draghi señaló una estadística llamativa del FMI; las barreras internas dentro de la UE equivalen a aranceles efectivos del 45% sobre los bienes manufacturados y de un asombroso 110 % sobre los servicios.Estos niveles han significado que el comercio entre los miembros de la UE es sólo la mitad del que se da en los Estados Unidos, lo que crea un obstáculo para el crecimiento económico y da como resultado la pérdida de competitividad.

Mario Draghi cree que Europa debería centrarse menos en los aranceles externos y más en eliminar las numerosas barreras que aún existen para el comercio interno entre sus miembros. Hacerlo impulsaría la economía y la industria logística, pero algunos creen que corre el riesgo de deshacer los avances logrados en materia de sostenibilidad.
El plan antiaranceles de Pedro Sánchez es, en realidad, proaranceles, ya que mantiene todas las trabas, impuestos y aranceles internos y solamente ofrece a las empresas la ayuda innecesaria de endeudarse y participar en más comités absurdos e innecesarios, manifiesta el profesor Daniel Lacalle.
Se debería exigir a las autoridades nacionales y europeas que levanten las barreras internas y que reduzcan sus aranceles y trabas al comercio.En realidad, lo que exige la Administración Trump de la Unión Europea es prácticamente equivalente a lo que piden las organizaciones empresariales, Mario Draghi o Letta, y que necesitan las empresas europeas y españolas para competir y crecer como merecen.

Democracia connivente

Bruselas es un cubil donde se encuentran en marcha un sinfín de procesos de toma de decisiones, a cual más complejo, y donde las funciones ejecutivas se confunden con las legislativas (al menos treinta y dos procedimientos diferentes, que solo los abogados especializados y los funcionarios con una amplia formación son capaces de seguir). Tres cuartas partes de las decisiones del Consejo, aprobadas sin discusión, se preparan y se presentan antes en los oscuros recesos del Coreper, mientras que, a una escala inferior, ocultas de las miradas del público, las conexiones subterráneas entre las burocracias nacionales y la maquinaria de la Comunidad se multiplican. El 90 por ciento de los grupos de presión que atestan el ampliado sistema de comités de Bruselas son organizaciones empresariales de diversa índole. Por el contrario, los sindicatos, los grupos defensores del medio ambiente, las asociaciones de consumidores, los grupos feministas y otros “grupos de interés público” tan solo representan en conjunto el 5 por ciento. 

“La fragmentación lingüística sigue siendo un obstáculo insalvable para cualquier tipo de interacción simbólica masiva”. La lengua inglesa cada vez se utiliza más, pero no como lengua estándar europea, sino global, de modo que, más que trazar una línea divisoria entre la Unión y el mundo, la borra. La representación política es prácticamente simbólica, en un Parlamento Europeo agrupado en bloques tan heterogéneos que sus divisiones interiores solo se pueden sublimar porque la asamblea es invisible y las deliberaciones tienen pocas consecuencias domésticas. Los así llamados partidos europeos no compiten por obtener recompensas electorales ni tienen una responsabilidad política real. No recogen ni canalizan las exigencias de los ciudadanos como hacen los partidos nacionales, sino que se dedican a debilitarlas y a eliminarlas. El rasgo más destacado de sus representantes es el absentismo. Menos de la mitad de los miembros del Parlamento Europeo se molestan en aparecer por la asamblea cuando se presentan las mociones, mientras que la asistencia media a las votaciones es del 45 por ciento. No es que el PE carezca por completo de relevancia, pues también se ha beneficiado de un ligero avance institucional, en parte involuntario, dentro de las competitivas altas instancias de la Unión. Pero, en la práctica, se ha conseguido aislar el fenómeno central de la UE como proceso político, la “consolidación de la elite”, de cualquier tipo de vigilancia o impugnación popular. Bartolini denomina a este sistema “democracia connivente”, un orden en el cual las elites se aseguran de que el electorado no pueda tomar decisiones en relación con cuestiones a las que no tiene acceso. En un sistema de estas características, los asuntos relacionados con la legitimidad nunca se plantean. Pues la legitimidad implica por definición una serie de principios que la mera actuación, capaz, como mucho, de lograr un consentimiento pasivo,no puede nunca sustituir. El orden resultante es incoherente.