"Llamaremos eutanasia a la actuación cuyo objeto es causar la muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos, bien a petición de éste, bien por considerar que su vida carece de la calidad mínima para que merezca el calificativo de digna. Así considerada, la eutanasia es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro, ya mediante un acto positivo, ya mediante la omisión de la atención y cuidados debidos". Esta es la "eutanasia en sentido verdadero y propio", es decir, "una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor" . De la eutanasia, así entendida, el Papa Juan Pablo II enseña solemnemente: "De acuerdo con el Magisterio de mis Predecesores y en comunión con los Obispos de la Iglesia católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la Ley de Dios en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana”.
El "no matarás" (Ex 20, 13) se refiere también a la propia vida. El quinto mandamiento del Decálogo expresa en forma normativa que la vida del ser humano no está a disposición de nadie, pues no es propiedad exclusiva de nadie, sino don de Dios.
En Río de Janeiro, un enfermero ha sido acusado de causar la muerte a 131 pacientes de un hospital. Él ha admitido cinco casos, y ha explicado así su conducta: "Lo hice por caridad". Sólo pretendía "paliar la angustia de los enfermos y de sus familias, que me producían un inmenso dolor" (El País, 9-V-99). La policía sospecha, además, que cobraba comisiones de empresas funerarias a las que comunicaba, antes que a nadie, los fallecimientos. Casos semejantes salen a la luz periódicamente. Varios médicos británicos fueron denunciados por cincuenta muertes, cuarenta de ellas en un mismo hospital, de pacientes con demencia senil (cfr. El Mundo, 7-I-99). Una enfermera francesa ha sido condenada por aplicar la eutanasia, por su cuenta y riesgo, a treinta pacientes (cfr. Le Monde, 24-IX-98). En 1997 se supo que una enfermera y un médico daneses habían hecho lo mismo con 22 ancianos de una residencia geriátrica (cfr. International Herald Tribune, 22-X-97). Todos ellos, como el acusado de Río, obraron sin preguntar. Si es real que hay gente como ellos, legalizar la eutanasia supone eliminar una barrera disuasoria. No es fácil creer que se dieran menos casos si la eutanasia no fuera ilícita por principio y, por tanto, hubiera más posibilidades de escapar a la justicia. Así lo muestra la experiencia de Holanda, donde sí está despenalizada la eutanasia, formalmente desde 1993 y de hecho desde varios años antes. Allí un enfermo puede lograr que los médicos le den muerte si manifiesta expresamente su deseo, como reclaman los partidarios de la legalización. Pero tales casos son unos 3.000 al año, según los datos oficiales, muchos menos que los 14.700 de eutanasia sin consentimiento del paciente registrados en el último recuento.
