El informe publicado el 4 de noviembre de 2025 por la ONG United Christian Forum (UCF), registra un incremento superior al 500% en los ataques contra cristianos desde 2014. Entre enero y septiembre de 2025 se documentaron 549 agresiones, de las cuales apenas 39 derivaron en investigaciones policiales. La cifra revela una impunidad del 93%, un dato que no solo describe violencia social, sino la erosión del propio orden jurídico allí donde el poder político tolera (explícita o implícitamente) una ideología que convierte la identidad religiosa en criterio de ciudadanía.
Desde la llegada al poder del Bharatiya Janata Party (BJP) en 2014, la expansión del Hindutva (la idea del hinduismo como identidad nacional exclusiva) ha configurado un clima político que desvirtúa la misión esencial del Estado. En lugar de custodiar el bien común, esta ideología etno-religiosa opera como un principio excluyente que legitima a ciertos grupos y margina a otros. Los datos lo confirman; de 139 ataques en 2014 se pasó a 834 en 2024, sumando 4.595 episodios violentos en una década. La comunidad cristiana, apenas el 2,3% de la población (unos 32 millones de personas en un país de 1.400 millones), se encuentra en una situación especialmente vulnerable. La violencia se concentra en cinco estados. Uttar Pradesh (1.317 ataques), Chhattisgarh (926), Tamil Nadu (322), Karnataka (321) y Madhya Pradesh (319). En ellos, comunidades generalmente pobres y, en muchos casos, formadas por Dalits convertidos al cristianismo, se convierten en blanco inmediato de grupos nacionalistas que ven en su fe un cuestionamiento al sistema de castas.
Ningún Estado puede aspirar a autoridad legítima si renuncia al principio de que la ley debe servir al bien común. Cuando el poder permite o favorece la persecución religiosa, deja de obrar conforme a la justicia y actúa movido por la voluntas particularis de un grupo dominante. Es, como advierte Santo Tomás, el sello de la tiranía. ¿Puede una nación reclamar autoridad moral en el orden internacional si tolera en su interior un desorden que hiere la dignidad humana y la libertad de conciencia?
Ningún Estado puede aspirar a autoridad legítima si renuncia al principio de que la ley debe servir al bien común. Cuando el poder permite o favorece la persecución religiosa, deja de obrar conforme a la justicia y actúa movido por la voluntas particularis de un grupo dominante. Es, como advierte Santo Tomás, el sello de la tiranía. ¿Puede una nación reclamar autoridad moral en el orden internacional si tolera en su interior un desorden que hiere la dignidad humana y la libertad de conciencia?







