Cuba alcanzó un nuevo récord de 1.281 presos políticos al cierre de mayo, según el informe mensual de Prisoners Defenders, que documentó 28 nuevas detenciones durante el mes y registró otra muerte bajo custodia estatal, la de Ernesto Brieva Sempé, de 52 años, fallecido el 13 de mayo en la prisión Combinado del Este por falta de atención médica adecuada. Brieva Sempé padecía una enfermedad renal crónica y desnutrición grave. Los tratamientos de hemodiálisis que necesitaba no se realizaron con la frecuencia requerida y su deterioro físico avanzó hasta ser incompatible con la vida. El informe oficial de Medicina Legal atribuyó la causa de muerte al “daño múltiple de órganos”. Prisoners Defenders identificó actualmente a 449 presos políticos con patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, y a 52 con trastornos graves de salud mental sin tratamiento adecuado.
El informe dedicó un apartado específico a la intensificación de la represión contra las mujeres. Sordey Ballester Horta, médica dermatóloga de Matanzas, fue detenida a mediados de mayo mientras esperaba el transporte para ir al hospital de Cárdenas. Según su familia, el motivo fue haber fotografiado un cartel con la consigna “Abajo la dictadura”. Los agentes le respondieron que estaba “en el lugar y el momento equivocado”. Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez volvió a prisión tras ser detenida junto a su padrastro durante protestas vecinales en Arroyo Naranjo, La Habana, provocadas por más de cuatro días sin agua y cortes de electricidad. Según testimonios familiares, Yunaiky intervino para defender a un menor que era golpeado por la policía. Las autoridades revocaron el beneficio de excarcelación que le había sido concedido en febrero de 2025 en el marco del acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba. Wendolín Campuzano Almaguer, madre de tres hijos menores, recibió el 2 de junio una condena de 2 años de privación de libertad por un presunto delito de “Atentado” vinculado a una supuesta agresión contra una agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Su padre, el periodista cubano exiliado Armando Campuzano Guyón, denunció que la condena es una represalia política por su activismo desde el exilio y por la publicación de su libro “Cuba, el Titanic del Caribe”.
Fidel Mojena Rivero, activista de 67 años residente en Artemisa, fue detenido el 19 de mayo sin orden de arresto y trasladado al Centro de Instrucción Penal El Técnico de Guanajay. La investigación en su contra se remonta a junio de 2025, cuando recibió en su domicilio al entonces jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer. Erick Alain Chang Padrón, trabajador por cuenta propia de 51 años, fue detenido el 20 de mayo en su lugar de trabajo en el municipio habanero de Cerro y trasladado a Villa Marista, cuartel general de la policía política en La Habana. Su único motivo de persecución fueron videos y publicaciones en redes sociales en los que denunció apagones, escasez de alimentos y cuestionó la gestión de Miguel Díaz-Canel.
Prisoners Defenders también alertó sobre la situación de dos menores de edad recluidos en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila. Christian Jesús Crespo Álvarez, de 16 años y Jonathan David Muir Burgos, menor de edad.
Fidel Mojena Rivero, activista de 67 años residente en Artemisa, fue detenido el 19 de mayo sin orden de arresto y trasladado al Centro de Instrucción Penal El Técnico de Guanajay. La investigación en su contra se remonta a junio de 2025, cuando recibió en su domicilio al entonces jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer. Erick Alain Chang Padrón, trabajador por cuenta propia de 51 años, fue detenido el 20 de mayo en su lugar de trabajo en el municipio habanero de Cerro y trasladado a Villa Marista, cuartel general de la policía política en La Habana. Su único motivo de persecución fueron videos y publicaciones en redes sociales en los que denunció apagones, escasez de alimentos y cuestionó la gestión de Miguel Díaz-Canel.
Prisoners Defenders también alertó sobre la situación de dos menores de edad recluidos en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila. Christian Jesús Crespo Álvarez, de 16 años y Jonathan David Muir Burgos, menor de edad.






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