Lo absurdo que resulta que unas instituciones decidan lo que es justo o injusto

Marco Tulio Cicerón (Arpino, 3 de enero de 106 a. C.-Formia, 7 de diciembre de 43 a. C.) propone el reconocimiento de un derecho natural, superior a las leyes positivas; y lo explica, cuando al principio de su reflexión se plantea el origen del derecho, que, en su opinión, no puede estar sino en la moral y en la razón, premisas que aparecerían, en las construcciones iusnaturalistas de la Edad Moderna y, entre ellas, en la de los iuspublicistas españoles del Siglo de Oro. Para ello Cicerón, alejándose de teorías relativistas que forman la base de tendencias sociológicas tan predominantes en la actualidad, hace ver lo absurdo que resulta que unas instituciones, o una mayoría de ciudadanos, sean quienes decidan lo que es justo o injusto; el error de esta doctrina lo demuestra a través de muchos ejemplos de la historia. Cicerón sigue la tradición estoica para sostener que la tendencia a reunirse en comunidades, esto es, el hecho político, está en la misma naturaleza humana, pero va más allá de reconocer la adaptación de cada ordenamiento al ámbito de la comunidad en que ha de regirse, lo que es el historicismo natural, y sostiene la existencia de un derecho superior de signo universal.

La idea de la Ley Natural

En la Etica a Nicómaco de Aristóteles, se habla de la existencia de la justicia de dos formas: “legal” (convencional) y “natural”. La primera encuentra su expresión en la ley positiva, adaptada a las necesidades particulares de una sociedad dada, por lo que difiere de una nación a otra, mientras que la segunda es uniforme para toda la humanidad. Zenón, fundador de la escuela estoica dijo que “el principio fundamental de la política y de la ética estoicas es la existencia de una ley universal y de alcance mundial, que es una con la razón, en la naturaleza y en la naturaleza humana”. La humanidad tiene sus leyes universales y eternas, al igual que el mundo físico. El elemento revolucionario implícito en la filosofía estoica se basaba en la controversia de que los principios fundamentales del orden social no están sujetos a cambios porque se encuentran enclavados en el orden natural. En el corazón de este orden está la igualdad de hombres y mujeres, de los hombres libres y de los esclavos. La libertad consiste en vivir según las leyes de la naturaleza. En los tres siglos que separaron a Aristóteles de Cicerón, la idea de la Ley Natural ganó una amplia aceptación en el mundo mediterráneo, aunque su apogeo llegaría mucho después, en los siglos XVI y XVII en Europa, donde ayudaría a los juristas y a los teóricos de la política a independizar sus disciplinas de la teología.

El Bosco, Tríptico del carro de heno 

A medida que el territorio romano se expandía alrededor de la cuenca del Mediterráneo, formularon un Derecho de Gentes (ius gentium) que sintetizaba las reglas compartidas por todas las naciones que conocían. Bajo la influencia de la filosofía estoica, el Derecho de Gentes, gradualmente, se fusionó con el Derecho Natural (ius naturale); el proceso culminó a principios del siglo III N. E., cuando la ciudadanía romana se extendió a todos los súbditos del imperio. Así surgió un postulado fundamental del pensamiento occidental, que el bien y el mal no son conceptos arbitrarios sino normas enraizadas en la naturaleza y, por lo tanto, que se imponen a toda la humanidad; los problemas éticos deben resolverse referidos a la Ley Natural, la cual es racional y va más allá de la ley positiva (ius civile) de las sociedades individuales. Un elemento esencial de la Ley Natural es la igualdad del hombre, específicamente, la igualdad ante la ley, y el principio de los derechos humanos, que incluye los derechos a la propiedad, que antecede al Estado y, por lo tanto, son independientes de él. Quinientos años después, estas ideas se convirtieron en la piedra angular de la democracia occidental. Una defensa teórica de la propiedad privada como rasgo distintivo de la Ley Natural, sin embargo, no fue desarrollada completamente hasta los siglos XVI y XVII, en la época de Jean Bodino y Hugo Grocio. Pero es evidente que la idea se les ocurrió a los romanos, a partir del argumento de Cicerón de que el gobierno no podía interferir en la propiedad privada porque había sido creado para protegerla.