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martes, 15 de marzo de 2022

Bravo Murillo

Bravo Murillo


La labor realizada por Bravo Murillo mereció ya en su época toda clase de encomios. Creó organismos técnicos de reconocida utilidad y, mediante las normas de contabilidad que llevaron su nombre, dio debido cauce a una buena administración de los fondos públicos. Alcanzó el cargo de presidente del Consejo ya en el reinado de Isabel II, en 1850, sin haber sido considerado cómplice de ninguno de los errores de la soberana. Durante esta etapa trató de que los proyectos que abrigaba, tan precisos para la regularización más exacta del crédito del país, alcanzasen la debida realidad. En parte vio logradas sus aspiraciones, así como intentó introducir otras medidas a fin de sanear la vida económica española. En este sentido, es conveniente recordar la Ley de Puertos Francos, que, muy imitada en otros hemisferios, consiguió revitalizar la economía del archipiélago canario. Bravo Murillo no se oponía por sistema al Parlamento, pero sí a la práctica corriente en España. Y como de muestra vale un botón, en 1851 disolvió las Cortes por tres veces; la última, según cuenta Santillán en sus Memorias, afirmó: “Para que ustedes descansen y a nosotros nos dejen gobernar”.

Isabel II

Bravo Murillo fue la figura más completa en materia económica del reinado de Isabel II, y las tres palabras que mejor resumen su labor, según Luciano Taxonera, son serenidad, competencia y resolución. A él le debemos uno de los logros más interesantes de la administración pública, que fue copiado ampliamente en todo el mundo, pues propuso un método objetivo de selección (lo que hoy llamamos oposiciones) para ingresar en la función pública, escribe Fernando Bruquetas de Castro.

jueves, 5 de agosto de 2021

Cuando rendir cuentas no era un cuento

Durante el siglo XVI y XVII era regla sin excepción que todos cuantos recibiesen fondos del tesoro de Castilla rindieran cuentas a la oficina de intervención de cuentas de la real hacienda española, la “contaduría mayor de cuentas”. La contaduría mayor era meticulosa, incorruptible y aparentemente infalible. Descubría a tiempo el menor chanchullo y malversación de los fondos públicos, y el castigo consistía en una multa tres veces superior al valor del fraude.
Las cuentas de Tomás López de Ulloa durante el segundo y tercero de los períodos en que fue pagador general del Ejército de Flandes (1642-1651) se que quedaron sin ajustar. En 1701 la contaduría mayor, después de cincuenta años de revisiones, declaró que los herederos de Ulloa debían al tesoro 309.325 florines, y hubieron de ser embargadas las posesiones de la familia en España.