“La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”, dijo Benjamin Constant, el gran constitucionalista del liberalismo francés, que continuaba, en sus Principios de política aplicables a todos los gobiernos representativos : “El pueblo no tiene derecho de castigar a un solo inocente, ni tratar como culpable a un solo acusado, sin pruebas legales. No puede, pues, delegar en nadie semejante derecho. El pueblo no tiene el derecho de atentar contra la libertad de opinión, la libertad religiosa, las garantías judiciales, las formas protectoras. Ningún déspota, ninguna asamblea, puede ejercer un derecho semejante diciendo que el pueblo se lo ha conferido. Todo despotismo es entonces ilegal; nada puede sancionarlo, ni aun la voluntad popular en que pretende fundarse, ya que, en nombre de la soberanía del pueblo, se arroga un poder que no está comprendido en tal soberanía, y, en tal caso, ya no se trata únicamente de un desplazamiento del poder, sino de la creación de un poder que no debe existir”.
