Lucha contra la droga

En la época de Ronald Reagan, el 6 de abril de 1986, se autorizó el texto de la NSDD (National Security Decision Directive) n.º 221, «Narcotics and national security», que formulaba toda una política de intervención en los países productores de cocaína. Los resultados de esta guerra dirigida por la DEA (Drug Enforcement Administration), en que se ha gastado más de un billón de dólares, son desalentadores. La desaparición de los dos grandes cárteles de Medellín, con la muerte de Pablo Escobar en 1993, y de Cali, con la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela en 1995, no hizo más que dar paso a una nueva estructura más diversificada y flexible, de modo que el país sigue siendo el mayor productor de droga del mundo. Alfred W. McCoy ha explicado el mecanismo que conduce a que los éxitos en la erradicación de campos de coca o de opio se traduzcan en una extensión del cultivo. En la medida en que los campesinos dependen del crédito que les conceden los compradores, la destrucción de su cosecha les obliga a aumentar la del año siguiente para hacer frente a sus deudas, replantando las mismas tierras o desplazándose a otras. Tras el éxito obtenido por las campañas de defoliación química de los cultivos de coca en Colombia, la producción aumentó en un 25 por ciento.

La lucha contra la droga se suele dirigir contra quienes la cultivan, la transportan o trafican con ella, pero es mucho menos eficaz en lo que se refiere a perseguir a los que participan en las complejas operaciones de lavado del dinero. La lucha contra el blanqueo se presenta como uno de los frentes fundamentales de estas campañas, pero los resultados obtenidos parecen pequeños y marginales, lo que invita a suponer que una gran parte de los beneficios acaban legitimados en las cuentas de empresas e instituciones financieras, como señalaba el Wall Street Journal en marzo de 2011.Los intentos de controlar el lavado de dinero en los Estados Unidos han llevado a que aumente el tráfico clandestino de dólares hacia México, que moviliza, según estimaciones de la DEA, un volumen de entre 18.000 y 39.000 millones de dólares al año, de los que por lo menos 10.000 millones volverán a los bancos norteamericanos a través de instituciones financieras mexicanas, mientras otra parte marchará a Colombia y a otros países para pagar a los productores de cocaína.