Venezuela ha dejado de ser una economía disfuncional para convertirse en una economía criminal

Padrino, Maduro, Moreno, Carvajal, Cabello y El Aisami

Según estimaciones de Transparencia Venezuela y SOSOrinoco, el narcotráfico produjo unos 8.200 millones de dólares, y la minería ilegal de oro  4.800 millones. A estas cifras se suman ingresos incalculables derivados del contrabando de diamantes, coltán y tierras raras, extraídos de forma ilícita y sin ningún control ambiental o institucional. Los ingresos petroleros, históricamente columna vertebral del país, apenas alcanzaron los 8.000 millones de dólares. Venezuela ha dejado de ser una economía disfuncional para convertirse en una economía criminal. La ilegalidad no solo domina, sino que define las prioridades y estructuras del poder. La opacidad, la corrupción, el saqueo institucionalizado y la represión no son efectos colaterales, sino herramientas deliberadas de un sistema que ha encontrado en la criminalidad su única vía de sostenibilidad. El país se ha convertido en un nodo estratégico del crimen transnacional. Empresas fachada, redes de contrabando y mecanismos de triangulación financiera operan desde y hacia países como Colombia, Brasil, República Dominicana, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Rusia. A través de estos circuitos, los cargamentos de drogas y minerales producidos extraídos ilegalmente en Venezuela son integrados a los mercados globales, muchas veces con la complicidad o indiferencia de bancos e instituciones internacionales.

Bajo Maduro, la petrolera venezolana fue reconvertida en una gigantesca lavandería de dinero sucio. Hoy, sus instalaciones son desmanteladas y vendidas como chatarra por militares vinculados a redes de narcotráfico y minería ilegal. Diversas fuentes han señalado que estos desmontajes buscan además encubrir la exportación de drogas y minerales. Lamentablemente PDVSA ha contado con socios occidentales que miran para el otro lado y así refuerzan este círculo de ilegalidad.

Puigdemont no se prestó al happening

Enric Millo

Después del referendum del 1 de Octubre en Cataluña,el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, le reveló a la corresponsal de Le Monde Sandrine Morel cuál era la flacidez del gobierno. Millo le había hecho una oferta a Carles Puigdemont. El president trasladaría la votación a las plazas y la policía no impediría que se celebrase. Era la forma de que todos salieran ganando. La Generalitat podría alegar que el pueblo catalán había votado y el Gobierno de España podría defender que aquella pantomima no se podía llamar referéndum. Tal es la pedagogía perversa que durante años se hizo en Cataluña, explica Rafael Latorre.Y añade Latorre que “se trataba de la misma estrategia que hizo posible la votación del 9-N, convocada por Artur Mas en 2014. Un happening. Gracias a la tendencia al poder blando de gente como Millo, en penúltima instancia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que lideraba la estrategia del gobierno, fue tan difícil argumentar en el extranjero que lo que había ocurrido en Cataluña había sido un golpe de Estado. ¿Cómo era posible si el Estado no se había defendido? El gobierno, para sacudirse la responsabilidad, argumentaba a favor de las coartadas del independentismo, una de cuyas líneas de defensa consistía en reducirlo todo a una movilización asistida por la libertad de expresión. La Generalitat en pleno debió cesar, mediante la aplicación del artículo 155 de la

Enric Millo y Soraya Sáenz de Santamaría.

Constitución, un minuto después de que el Parlamento autonómico aprobara la Ley del Referéndum. Casi un mes antes del 1 de octubre. Pero el gobierno jamás aprendió una norma básica del comportamiento independentista. Los hechos siempre han desfilado marciales detrás de las palabras. Prometieron referéndum y lo hubo. Prometieron declaración unilateral y la hubo. Con una puntualidad británica en los plazos. Ya en 2015, en un pleno celebrado la fecha simbólica del 9 de noviembre, el Parlament anunció mediante una resolución que no se iba a supeditar más a las decisiones del Tribunal Constitucional. Esto es lo que provoca tanto desconcierto en ámbitos internacionales, que no saben por qué, si la ilegalidad era tan flagrante como le dicen las instituciones españolas, el ejecutivo de entonces no empleó las armas de las que le dota el Estado de Derecho para sofocarlo. Es una duda muy razonable”.

Millo y Puigdemont

Puigdemont no se prestó al happening, los Mossos traicionaron al Estado y el resto ya lo conocemos.