Venezuela ha dejado de ser una economía disfuncional para convertirse en una economía criminal

Padrino, Maduro, Moreno, Carvajal, Cabello y El Aisami

Según estimaciones de Transparencia Venezuela y SOSOrinoco, el narcotráfico produjo unos 8.200 millones de dólares, y la minería ilegal de oro  4.800 millones. A estas cifras se suman ingresos incalculables derivados del contrabando de diamantes, coltán y tierras raras, extraídos de forma ilícita y sin ningún control ambiental o institucional. Los ingresos petroleros, históricamente columna vertebral del país, apenas alcanzaron los 8.000 millones de dólares. Venezuela ha dejado de ser una economía disfuncional para convertirse en una economía criminal. La ilegalidad no solo domina, sino que define las prioridades y estructuras del poder. La opacidad, la corrupción, el saqueo institucionalizado y la represión no son efectos colaterales, sino herramientas deliberadas de un sistema que ha encontrado en la criminalidad su única vía de sostenibilidad. El país se ha convertido en un nodo estratégico del crimen transnacional. Empresas fachada, redes de contrabando y mecanismos de triangulación financiera operan desde y hacia países como Colombia, Brasil, República Dominicana, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Rusia. A través de estos circuitos, los cargamentos de drogas y minerales producidos extraídos ilegalmente en Venezuela son integrados a los mercados globales, muchas veces con la complicidad o indiferencia de bancos e instituciones internacionales.

Bajo Maduro, la petrolera venezolana fue reconvertida en una gigantesca lavandería de dinero sucio. Hoy, sus instalaciones son desmanteladas y vendidas como chatarra por militares vinculados a redes de narcotráfico y minería ilegal. Diversas fuentes han señalado que estos desmontajes buscan además encubrir la exportación de drogas y minerales. Lamentablemente PDVSA ha contado con socios occidentales que miran para el otro lado y así refuerzan este círculo de ilegalidad.