Cuando los defensores del régimen constitucional discuten con los nacionalistas, terminan utilizando el mismo lenguaje que ellos; o sea, que empiezan por darles la razón aunque luego pretendan quitársela. “Hemos oído repetir mil veces, dice el filósofo Fernando Savater, que hay que modificar nuestra ley fundamental hasta que catalanes, vascos, gallegos o andaluces se encuentren cómodos en ella, como si un Estado democrático fuese una especie de hotel playero. Y esa comodidad tiene que venirles por el reconocimiento incansable de sus diferencias, en muchos casos inventadas o magnificadas para la ocasión, y no en las plenas garantías y derechos de su condición de españoles libres e iguales. Cuando uno se atreve a decir que categorías como catalanes o vascos se refieren al mundo de los usos y costumbres culturales, pero que no existen como determinaciones políticas fundamentales y diferenciadas, es visto como una especie de monstruo mussoliniano de la peor especie”.
Y añade Savater que “en España, los Estatutos de Autonomía no reconocen tipos de ciudadanos diferentes, sino españoles empadronados en Cataluña, el País Vasco o donde sea, que en un régimen descentralizado como el de nuestro país (menos centralista que algunos federales) tienen el derecho y la responsabilidad de gestionar a su modo los asuntos que les tocan más de cerca. Pero no los fundamentales que afectan a todo el país, a las relaciones de política exterior, etcétera. Los Estatutos de Autonomía son la forma española de administrar la diversidad de situaciones geográficas, económicas y de otra índole que se dan dentro de la nación que compartimos, no el permiso para despedazarla”.
“El Estado social debe ser fuerte para no admitir más privilegios locales que los que pueden revertir en mayor bienestar para todos, y lo suficientemente centralizado para garantizar la igualdad de los servicios públicos en todo el país. El único argumento para mantener cualquier disparidad fiscal entre regiones es que sea en beneficio común, no en nombre de derechos históricos, que son algo así como las brujas de Zugarramurdi de nuestro ordenamiento jurídico y deberían desaparecer si hay una reforma constitucional”.
