Lucía Etxebarria escribe que “los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado. El legislativo crea leyes para fomentar el empleo estable, pero los ayuntamientos, diputaciones y otros organismos públicos encabezan el ranking de entidades en las que existe mayor cantidad de empleo eventual o precario. Estos contratados, designados o elegidos a dedo, ante la incertidumbre de la renovación, se doblegan a los intereses del político de turno; y ante la eventualidad de que lo despidan si accede otro partido al poder, aceptará todo tipo de corruptelas o sobornos, como fórmula de granjearse amistades que, tras su salida de la Administración, pudieran derivar en favorecer su contratación en la empresa privada. Este panorama crea en España una cadena humana que incluye trabajadores de empresas público-privadas, asesores, funcionarios sin opositar, cuadros del funcionariado, asesores, cargos electos, etc., que comparten un objetivo común de ganar las elecciones. Ganar las elecciones para perpetuarse otros cuatro años más en su sueldo, lo que les lleva a ser tolerantes y permisivos con aptitudes que vulneran la más mínima razón ética. Por otra parte, se ven obligados a favorecer intereses privados y/o espurios por si acaso las elecciones no se ganaran. Es evidente que una Administración no politizada reduciría la corrupción”.
